La batalla judicial tiene como eje los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Estos obligan al Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes según la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de recomponer los programas de becas (IPC mediante). El Gobierno, que intentó frenar esto con el Decreto 759/2025, ahora se ve forzado por la Cámara a actuar, pero busca una rendija legal para no comprometer el equilibrio fiscal.

La hoja de ruta de Balcarce 50:

1. Recurso Extraordinario: Nación presentará la apelación ante la misma Cámara que falló en su contra. De ser rechazada (lo más probable), irán en queja directa a la Corte Suprema.

2. Ejecución Fraccionada: Mientras el caso escala, el Ministerio de Economía planea realizar giros mensuales. La lógica es cumplir con la "manda judicial" en el corto plazo, pero evitar que el aumento quede fijado como una ampliación automática y permanente del gasto público.

3. Nueva Ley: El objetivo de fondo no es derogar la ley actual, sino reemplazarla en el Congreso por un esquema de actualización más acotado y menos "automático", aprovechando la nueva composición legislativa de 2026.

El impacto en las Universidades

Para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y universidades como la UNT en Tucumán, la estrategia del "goteo" es insuficiente. Los gremios docentes advierten que la demora en la consolidación de las partidas afecta la planificación académica y la investigación. 

El antecedente que ilusiona al oficialismo es la Ley de Emergencia en Discapacidad, que lograron reglamentar por decreto para licuar el impacto administrativo original. El Gobierno apuesta a que, entre apelaciones y reglamentaciones, el tiempo juegue a su favor.

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