La Casa Rosada advirtió que la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufrirá demoras porque la Justicia incautó facturas y expedientes centrales en los primeros allanamientos. Estos documentos están vinculados a compras de medicamentos realizadas a distintas droguerías y que no figuran en portales públicos ni tienen trazabilidad en el Ministerio de Salud.

El interventor del organismo, Alberto Vilches, pidió a la Policía de la Ciudad que no se lleve más documentación ni servidores en los allanamientos posteriores. Tras un acuerdo, se decidió realizar copias, lo que permitió a los auditores comenzar a revisar procesos recién esta semana.

Sospechas sobre sobreprecios y contratos

En el Gobierno sostienen que aún no hay resultados preliminares, aunque investigan posibles sobreprecios en las compras. Se desmintió que ya exista un cálculo del 27% de incremento en productos, como trascendió en algunos medios.

Además, el gabinete todavía no accedió al detalle de los contratos con la droguería Suizo Argentina, aunque sospecha que se realizaron mediante compulsa de precios. El sumario interno en la ANDIS duraría hasta seis meses, con resultados esperados para mediados de octubre.

La agencia cuenta con 921 empleados y un presupuesto de $3,74 billones: la mayor parte se destina a seguridad social, seguida por salud y asistencia social.

Futuro de la agencia y control directo

Por ahora, no se prevén nuevos desplazamientos de funcionarios más allá del exdirector Diego Spagnuolo y de Daniel Garbellini. El Ejecutivo planea centralizar la estructura bajo la órbita del Ministerio de Salud y redefinir procesos de compra.

"Queremos que las adquisiciones se hagan directamente a los laboratorios para acceder a los descuentos que hoy se otorgan a las droguerías", indicaron fuentes oficiales.

La auditoría también incluye el análisis de pensiones por invalidez derogadas recientemente, donde ya surgieron sospechas de irregularidades.