La comisión investigadora del Congreso adelantó su informe final sobre el brote de fentanilo adulterado que provocó más de cien muertes en todo el país. El documento detalla fallas del sistema sanitario, ausencia de funcionarios clave y reclama una ley de trazabilidad estricta para medicamentos de alto riesgo.

Un informe que expone fallas, demoras y responsabilidades

Diputados de la oposición presentarán esta semana el informe final de la comisión investigadora del fentanilo contaminado, el brote sanitario más grave de los últimos años en Argentina. El cuerpo parlamentario relevó casos confirmados, probables y sospechosos, analizó la cronología del desastre y buscó determinar responsabilidades en hospitales públicos, clínicas privadas y organismos de control.

La comisión estuvo presidida por Mónica Fein (Encuentro Federal), quien sostuvo desde la primera sesión que el objetivo central era "acompañar a las víctimas, esclarecer los hechos y promover medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir".

Durante cuatro meses se realizaron 10 reuniones con médicos del Hospital Italiano de La Plata, biotecnólogos, farmacéuticos, laboratorios, el Observatorio de Víctimas de Delitos y familiares afectados. También hubo una visita a Rosario para escuchar a familias locales y un encuentro con el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, a cargo de la causa judicial.

Sin embargo, la ausencia de funcionarios nacionales marcó el proceso. El ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de ANMAT, Agustina Bisio, se excusaron dos veces y no asistieron a ninguna convocatoria.

Entre los reclamos de los familiares, los más urgentes apuntan a una ley integral de trazabilidad digital que incluya obligatorio control de fentanilo y opioides sintéticos, un registro individual de cada unidad y auditorías públicas y judiciales para evitar nuevas violaciones de seguridad.

Los legisladores, por su parte, recomendaron digitalizar y centralizar la información sanitaria, vincular historias clínicas electrónicas con la trazabilidad de medicamentos, crear un sistema nacional de alertas y aplicar sanciones específicas a establecimientos o laboratorios que oculten, retrasen o manipulen datos.

Una crisis sanitaria sin precedentes y un sistema bajo presión

La Justicia confirmó que 33.731 dosis del lote adulterado fueron aplicadas a pacientes internados en distintos puntos del país. Aunque 64.003 unidades fueron recuperadas y 56.796 quedaron bajo custodia judicial, todavía 11.405 ampollas permanecen sin localizar.

El Cuerpo Médico Forense determinó un "nexo concausal" entre el fentanilo contaminado y el agravamiento clínico de pacientes en al menos 12 historias clínicas, y reconoció que la adulteración contribuyó a los al menos 76 fallecimientos asociados al brote.

Frente a la gravedad del cuadro, el Colegio de Médicos bonaerense declaró el estado de alerta y exigió reforzar los controles sobre la producción y distribución de fármacos hospitalarios. Advirtieron que el fentanilo tiene un margen terapéutico "estrecho" y que cualquier adulteración puede generar efectos letales, incluso con variaciones mínimas.

En paralelo, la Justicia apartó al Ministerio de Salud de la Nación como querellante de la causa, al considerar insuficientes sus intervenciones para sostener su legitimación como acusador particular. La decisión abrió un fuerte debate sobre el rol de la cartera sanitaria y volvió a poner bajo la lupa a la ANMAT, el organismo responsable del control de calidad de los medicamentos.