Lemoine en el ojo de la tormenta por comentarios polémicos

Familiares de víctimas de la dictadura reclamaron que el Congreso expulse a la diputada nacional Lilia Lemoine, luego de que participara en un streaming donde se hicieron bromas sobre los llamados "vuelos de la muerte". Además, anunciaron que presentarán una denuncia penal por apología del terrorismo de Estado.

El episodio ocurrió el sábado pasado en el programa FDC, transmitido por Ánima Digital. Mientras se hablaba de la represión de la protesta y de las muertes durante la dictadura, Lemoine estalló en carcajadas ante comentarios que aludían a la fase final del exterminio y a la desaparición de Santiago Maldonado.

Repudio de los familiares de los 12 de la Santa Cruz

El grupo Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, integrado por Madres de Plaza de Mayo y parientes de víctimas secuestradas en 1977, expresó un fuerte rechazo. Según explicaron, los comentarios de Lemoine constituyen "una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y del pueblo argentino".

El organismo remarcó que los dichos violan el artículo 213 del Código Penal y confirmaron que presentarán una denuncia. Además, solicitaron que la Cámara de Diputados actúe de manera inmediata, en línea con otros gestos cuestionables protagonizados por representantes de La Libertad Avanza en la Legislatura.

Contexto histórico y judicial de los vuelos de la muerte

Los 12 de la Santa Cruz fueron secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, torturados en la ESMA y arrojados vivos al mar el 14 de diciembre, como parte de un plan sistemático de exterminio de la dictadura. Estos hechos fueron acreditados judicialmente por distintos tribunales, incluyendo el TOF 5, que confirmó la participación del Skyvan de Prefectura en los vuelos.

Los familiares aprovecharon para enviar un mensaje directo a Lemoine: la invitación es a visitar los sitios de memoria donde descansan las víctimas para enfrentar la magnitud de los crímenes que ella trivializó en un programa de streaming.

Juristas consultados advirtieron que los comentarios de la diputada podrían constituir un discurso de odio, penado por la Ley Antidiscriminatoria 23.592, y resaltaron que banalizar crímenes de lesa humanidad no puede quedar impune.