Un voto que encendió la polémica

Luis Picat, diputado nacional de la Unión Cívica Radical y aliado frecuente del oficialismo de Javier Milei, quedó en el centro de la controversia luego de que se conociera que, mientras cursa una maestría en Economía y Política Regional en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), votó en contra de la Ley de Financiamiento Universitario.

El dato que más indignación provocó entre estudiantes y docentes es que el legislador accede a la formación en la universidad pública utilizando su infraestructura y, además, con un descuento por su condición de funcionario público.

"Él sí puede, vos no"

El enojo en redes sociales no tardó en viralizarse. Diversas cuentas y agrupaciones estudiantiles señalaron la contradicción: Picat se capacita con recursos que provienen de fondos públicos, pero decidió rechazar una ley que buscaba garantizar presupuesto para que más argentinos puedan acceder y sostener sus estudios.

La crítica más repetida apunta a la desigualdad que este tipo de decisiones genera: mientras un diputado puede perfeccionarse en una institución pública con beneficios especiales, miles de estudiantes enfrentan becas insuficientes, aumentos en materiales y pasajes, y la amenaza de recortes que ponen en riesgo carreras y programas.

El trasfondo del voto

La Ley de Financiamiento Universitario buscaba asegurar partidas presupuestarias anuales para el sistema universitario nacional, con ajustes automáticos por inflación y aumentos de matrícula. El objetivo era dar previsibilidad a las instituciones y protegerlas de recortes discrecionales.

El rechazo de Picat se dio en línea con la postura de La Libertad Avanza y de un sector del PRO, que argumentaron que la medida implicaría un aumento del gasto público incompatible con la meta de "déficit cero".

Un debate que sigue abierto

El caso de Luis Picat reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios que utilizan servicios públicos -en este caso, educación universitaria- y luego votan en contra de medidas que buscan sostener y ampliar esos mismos servicios.

Mientras tanto, en la UNC, docentes y estudiantes insisten en que la universidad pública es un derecho que debe ser protegido, no solo para quienes hoy ocupan bancas en el Congreso, sino para todos los argentinos.