El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC), bajo la conducción de Miguel Chaiben Terraf, ha quedado en el ojo de la tormenta. Lo que parecía una ofensiva administrativa contra la gestión de José César Díaz en la Caja Popular de Ahorros, terminó revelando una "Justicia selectiva" que deja al descubierto una verdad incómoda: si se investiga el pasado, el rastro conduce inevitablemente a Osvaldo Jaldo.

1. El "Fondo del Deporte": La ley que el TC olvidó por 20 años

El Tribunal ordenó un sumario (Acuerdo 402/26) contra la Caja Popular alegando irregularidades en el giro de fondos para la Ley del Deporte. El error de cálculo de Terraf es histórico: la ley es operativa desde el año 2003.

Si el Tribunal de Cuentas considera que el incumplimiento es motivo de sumario, la lógica jurídica exige investigar a todos los interventores desde esa fecha. Aquí es donde la maniobra expone al Gobernador: Osvaldo Jaldo fue interventor de la Caja entre 2004 y 2007. ¿Por qué el TC ignora tres años de gestión de Jaldo y se ensaña con Díaz, quien fue el único que efectivamente registró estos recursos en los balances?

2. El Caso Alperovich: Protegiendo al responsable, castigando al denunciante 

Otro punto crítico es el hostigamiento hacia Díaz por la contratación de abogados externos para defender a la institución ante el Banco Central. El TC omite un detalle fundamental: la Caja fue multada con 108 millones de pesos por intermediación financiera ilegal ocurrida entre 2011 y 2015, durante el Gobierno de José Alperovich.

Es inaudito: el Tribunal de Cuentas acorrala a quien buscó defender el patrimonio del Estado (Díaz), pero mantuvo un silencio sepulcral sobre las maniobras del ex Gobernador Alperovich que originaron la sanción millonaria.

3. La confesión del IPV y la inacción del Tribunal 

Mientras el TC aplica una "lupa microscópica" sobre la Caja Popular, ignora confesiones públicas de otros organismos. Recientemente, el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Hugo Cabral, admitió en medios periodísticos un manejo "irresponsable" que causó un "grave daño al patrimonio" provincial durante años.

Ante la admisión de culpa del IPV, Terraf y su equipo no han iniciado auditorías ni sumarios de la misma magnitud. Esta disparidad confirma la sospecha de una "enemistad manifiesta" y una persecución política teledirigida.

¿Control o Disciplina Política?

El uso de auditorías como "látigo" para algunos o "escudo" para otros degrada la calidad institucional de Tucumán. Al intentar cercar a José Díaz con expedientes de hace dos décadas, el Tribunal de Cuentas ha reactivado una memoria que el oficialismo prefería mantener dormida: el manejo de los fondos públicos durante la gestión de Jose Alperovich, época en que el hoy Gobernador Osvaldo Jaldo ocupaba el despacho principal en la Caja Popular. Por lo tanto si el control no es parejo, no es transparencia; es persecución.

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