El ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, y su esposa, la legisladora oficialista Sandra Figueroa, fueron citados por la Justicia Federal para declarar como imputados. La medida fue ordenada por el juez José Manuel Díaz Vélez, tras un pedido del fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró que existen indicios suficientes para avanzar en la causa.

El expediente se inició en junio pasado luego de que se viralizara un audio en el que Campos dialogaba con el empresario Roque "Chipi" Giménez, sugiriendo vínculos con narcotráfico y posibles irregularidades en la gestión de fondos de obras públicas. Inicialmente, la pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, pero al detectar delitos de competencia federal, el caso pasó al fuero federal.

Presuntas maniobras y otros investigados

El fiscal reconstruyó un esquema en el que los ingresos de la venta de drogas habrían sido blanqueados mediante contratos de obras públicas, alquileres y actividades comerciales, entre ellas una imprenta vinculada al ex secretario de Hacienda José Roldán y la empresa Giménez Consulting Group, de Giménez, contratada por más de $500 millones para proyectos que nunca se ejecutaron o quedaron inconclusos.

Además de Campos y Figueroa, figuran como investigados:

• José Roldán, acusado de girar fondos municipales a una imprenta ligada a su hija.

• Albano Loru, exedil que creó una cooperativa de limpieza pese a existir personal municipal para esa tarea.

• Pablo "Maceta" Barrionuevo, señalado por alquilar su camioneta particular a la oficina de Desarrollo Social que él mismo dirigía.

Por su parte, el gremialista José "Cucha Mota" Funez, quien denunció estas irregularidades, será testigo en el fuero federal y no será indagado junto al resto de los acusados.

Cronograma de declaraciones y próximos pasos

Las declaraciones se desarrollarán a lo largo de esta semana en los tribunales federales:

• Miércoles: Roldán, Loru y Barrionuevo.

• Jueves: Roque "Chipi" Giménez.

• Viernes: Luis Campos y Sandra Figueroa.

El acto procesal permitirá a los imputados conocer las pruebas en su contra y decidir si responden o se abstienen de declarar. Aunque Figueroa posee fueros parlamentarios, deberá presentarse; si el juez decide procesarla, pedirá a la Legislatura tucumana que le retire la inmunidad.

La investigación, que comenzó con un audio filtrado y denuncias de corrupción estructural, busca determinar si existió un entramado criminal que combinó fondos del narcotráfico con contratos municipales, y la resolución del juez Díaz Vélez marcará un punto decisivo en la política del sur tucumano.