En política, la metamorfosis no siempre es evolución. A veces es simple adaptación al medio, un instinto de supervivencia que borra convicciones y multiplica contradicciones. En Tucumán, José Ricardo Ascárate parece ser el caso de laboratorio.

En 2020, el entonces legislador radical denunciaba con dureza que el ERSEPT pretendía contratar una consultora extranjera por seis millones de pesos.El contexto era bastante similar al actual: el organismo de control necesitaba consultores externos para encarar el proceso de Revisión Tarifaria Integral 2020-2025. El argumento de Ascárate era claro: un organismo de control no podía despilfarrar fondos en asesorías foráneas, menos aún cuando existían alternativas locales y cuando las tarifas golpeaban el bolsillo de los usuarios. Ascárate era, en aquel momento, la voz de la transparencia y del control.

Cinco años después, el escenario se invierte como en un espejo deformado. Ya no es el fiscalizador opositor, sino el interventor oficial. Y en ese rol, el propio Ascárate impulsó la contratación de la consultora privada Dreicon S.A., en el marco de la Revisión Tarifaria Integral 2025-2030. El Tribunal de Cuentas revisó el expediente y lo que encontró fue un catálogo de irregularidades: propuestas sin firma responsable, documentación en copias simples, firmas digitalizadas sin validez legal, papeles de otra empresa mezclados en la carpeta y hasta errores en la foliación que alteraban el orden cronológico del procedimiento.

En su dictamen, el Tribunal fue tajante: sin documentación original ni rúbricas auténticas, el contrato no podía ejecutarse. Pero lo más llamativo es que el expediente revela otra decisión política: mientras los técnicos del propio ERSEPT recomendaban al CEARE (Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA) como consultor independiente por su idoneidad académica, Ascárate avanzó con Dreicon, la opción privada. El problema es que el CEARE tampoco era garantía de independencia: años atrás, el mismo Tribunal había advertido sobre los lazos del CEARE con EDET, la empresa a la que debía auditar. Un círculo viciado donde los supuestos controladores terminaban asociados con los controlados.

Así, el Homo Erseptum queda expuesto: del opositor que denunciaba los contratos sospechosos, al interventor que los firma; del guardián que pedía transparencia, al funcionario que entrega expedientes con firmas escaneadas y documentos apócrifos.

La pregunta que queda flotando no es sólo sobre Ascárate, sino sobre la naturaleza misma de los organismos de control en Tucumán: ¿defienden a los usuarios o blindan a las empresas? ¿Son garantes de la transparencia o apenas ventrílocuos de los gobiernos de turno?

Lo cierto es que Ascárate, en este nuevo hábitat, ya no parece Homo Politicus ni Homo Radicalis. Se parece más bien a un Homo Erseptum: una criatura que mutó para sobrevivir, pero a costa de perder aquello que alguna vez lo diferenciaba.