La Justicia provincial ordenó un embargo por $196 millones sobre las cuentas de la Municipalidad de Tafí Viejo, en el marco de una causa de ejecución fiscal iniciada por la Dirección General de Rentas (DGR). La decisión se basa en una deuda acumulada por el municipio, que generó un fuerte revuelo institucional y reavivó la tensión con la administración provincial.

Qué motivó el embargo

El pedido fue presentado por la apoderada Carolina del Valle Gilli, en representación de la DGR, en el expediente caratulado "Provincia de Tucumán Dirección General de Rentas (DGR) contra Municipalidad de Tafí Viejo s/ Ejecución Fiscal". El documento judicial fue tramitado por la Oficina de Gestión Asociada en Cobros y Apremios N° 1 del Poder Judicial.

El monto total embargado responde a una deuda de $150,8 millones en concepto de capital, más $45,24 millones por intereses y acrecidas, lo que da un total de $196.049.000.

La Justicia ordenó que se embarguen todos los fondos y valores que el municipio tenga o reciba en sus cuentas del Banco Macro, incluyendo cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo y cualquier otro tipo de activos financieros.

Fondos actuales y futuros, bajo la lupa

La medida judicial no solo apunta a los saldos existentes, sino que incluye también todos los depósitos futuros que se registren en las cuentas de la Municipalidad, hasta alcanzar el monto reclamado.

El oficio establece que los fondos embargados -ya sean dinero en efectivo, títulos, acciones u otros valores- deben ser depositados en la sucursal Tribunales del Banco Macro, entidad a la que se le otorgó un plazo de 24 horas para informar sobre el cumplimiento del requerimiento.

Una tensión institucional que crece

Esta resolución judicial se suma a la serie de desacuerdos y choques entre la gestión municipal de Alejandra Rodríguez y el Gobierno de la Provincia de Tucumán. La medida representa un golpe financiero para el municipio y abre nuevos interrogantes sobre su capacidad operativa y presupuestaria en los próximos meses.

Desde el entorno de la Intendencia aún no hubo declaraciones oficiales, aunque se espera una respuesta institucional en las próximas horas. La situación genera preocupación no solo por sus consecuencias legales, sino también por el impacto que podría tener en la prestación de servicios públicos en Tafí Viejo.