El Gobierno nacional estableció los montos que serán destinados como aportes de campaña para las próximas Elecciones Legislativas del 26 de octubre de 2025, fijando una cifra global que supera los $13.000 millones. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, fue firmada por Lisandro Catalán, Vicejefe de Gabinete del Interior, y se enmarca en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y la Ley de Ministerios, así como en decretos y decisiones administrativas vigentes.

Distribución de los fondos

Según la resolución, el monto destinado a la categoría de Diputados Nacionales asciende a $8.815.610.700,67, mientras que para Senadores Nacionales se asignan $4.407.805.350,33. Los fondos serán distribuidos entre los partidos y alianzas que compitan en las elecciones, siguiendo los criterios de la normativa electoral vigente. La Dirección Nacional Electoral será la encargada de organizar la distribución y de aplicar sanciones en caso de incumplimientos, en línea con el Decreto N° 936/10 y sus modificatorios.

Marco legal y financiamiento

El aporte estatal se sustenta en la Ley N° 26.215, que prevé que los recursos pueden destinarse a campañas electorales primarias y generales. Los fondos provienen de los créditos presupuestarios asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para 2025, con el aval de la Dirección de Programación y Control Presupuestario y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Interior, asegurando el cumplimiento de las competencias legales.

¿Qué se vota el 26 de octubre?

En las elecciones nacionales, se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores en todo el país. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años, mientras que el Senado lo hace por tercios, asegurando la actualización periódica de los cuerpos legislativos. Algunas provincias desdoblaron sus elecciones locales, mientras que otras mantendrán la unificación de comicios nacionales y locales. Entre las jurisdicciones que renovarán senadores este año figuran Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la asignación de estos recursos, el Estado busca garantizar la financiación oficial de los partidos políticos y el desarrollo normal de las campañas electorales, en un contexto de elecciones clave que definirán la composición del Congreso de la Nación.