A tan solo días de que se inicie el debate legislativo sobre el Presupuesto 2025 de Tucumán, el Tribunal de Cuentas de la provincia rechazó una solicitud de información clave realizada por el legislador Hugo Ledesma. 

Miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, Ledesma había solicitado detalles sobre el uso de los excedentes financieros acumulados por el organismo de contralor en la última década, así como información sobre los bienes y construcciones adquiridos con esos recursos y su posterior incorporación al patrimonio provincial.

El Tribunal de Cuentas respondió a la solicitud argumentando que la condición de legislador de Ledesma no le otorga suficiente legitimidad para acceder a esa información. 

Según el Tribunal, este tipo de requerimiento no está obligado a ser respondido bajo la normativa vigente.

Ledesma, por su parte, calificó la negativa como un "formalismo excesivo" y denunció que el Tribunal de Cuentas no actúa con la debida transparencia. "Es un organismo que los tucumanos ya no quieren más, es una casta con privilegios. Los vocales son de por vida, no pagan impuestos a las ganancias y se jubilan con el 82% móvil", expresó el legislador en una dura crítica contra el funcionamiento y la composición del organismo.

Además, Ledesma destacó que la falta de respuesta a su solicitud es una muestra de la opacidad en la administración de los recursos provinciales y una traba para el buen desarrollo del debate sobre el presupuesto. "El Tribunal de Cuentas no está cumpliendo su función de controlar los recursos públicos; por el contrario, se dedica a ralentizar la gestión para forzar situaciones de dependencia, en donde ciertos proveedores se benefician", acusó el legislador.

En este contexto, Ledesma remarcó que la actual administración provincial está comprometida con la transparencia financiera y con la sanción de una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, criticó la actitud del Tribunal de Cuentas, al que calificó de ser un "agujero negro" en las finanzas de la provincia, evitando el control sobre los excedentes financieros que deberían estar sujetos a una auditoría pública.

"El Tribunal de Cuentas se convirtió en un poder autónomo dentro del Estado, que actúa sin ningún tipo de control. En un momento en que la sociedad exige una auditoría exhaustiva de todos los gastos públicos, sus autoridades se niegan a rendir cuentas", concluyó Ledesma, señalando directamente a los miembros del Tribunal, en especial al presidente del organismo, Miguel Chaibén Terraf, quien lleva más de 20 años al frente de la institución.