El Senado vota este jueves el rechazo al veto de la ley de discapacidad y limita los DNU
El Congreso se prepara para una sesión clave: los senadores tratarán el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto que busca restringir los Decretos de Necesidad y Urgencia.
El Senado sesionará este jueves desde las 11 con un temario cargado de tensión política. El punto central será el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, un hecho que marcará un hito: hace 22 años que el Parlamento no insistía sobre un veto presidencial.
La Cámara de Diputados ya había dado el primer paso el 20 de agosto con 172 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones. Ahora, con la votación en el Senado, la norma quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Claves de la ley de discapacidad
La normativa aprobada contempla:
-Declarar la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026.
-Actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según la inflación.
-Que las 200 mil pensiones por invalidez equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio, permitiendo además que los beneficiarios trabajen siempre que no superen dos salarios mínimos.
-Regularizar la deuda con los prestadores.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la medida oscilará entre 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de las altas que se registren en el período.
Debate por los DNU y cuestionamientos al Gobierno
En paralelo, el Senado discutirá un proyecto para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia. El dictamen, que unió al kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales, busca limitar la herramienta que el Ejecutivo utilizó de forma recurrente en los últimos meses.
La iniciativa establece un plazo máximo de 90 días para que ambas cámaras aprueben un DNU, caso contrario se considerará derogado. Además, alcanza con el rechazo de una sola cámara para dejarlo sin efecto, aunque se respetarán los derechos adquiridos durante su vigencia.
Cruce por denuncias a periodistas
La sesión también incluirá cinco cuestiones de privilegio vinculadas a la denuncia del Gobierno contra periodistas y a la medida del juez Alejandro Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Las críticas más duras apuntan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien respaldó los pedidos de allanamiento a los estudios de Carnaval Streaming y a los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico.