El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en el Congreso tras la decisión del Senado de incluir en el temario el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asigna $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), en carácter reservado. La iniciativa de debatir el tema fue impulsada por la UCR y Unión por la Patria, sorprendiendo al oficialismo, que esperaba postergar la discusión para la semana próxima en una sesión secreta. "Fue un puñal por la espalda", comentó una fuente del Gobierno a TN.

El Presidente deseaba que el proyecto, que ya había sido rechazado en Diputados, se tratara en una sesión no televisada, según una carta enviada por el secretario de la Presidencia, Guillermo Francos, a la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel. La misiva argumentaba que un debate público sobre la SIDE podría comprometer el normal funcionamiento de las tareas del organismo. El plan original del Ejecutivo incluía la presencia del director de la SIDE, Sergio Neiffert, en el Congreso el martes para explicar los detalles de los fondos reservados ante los 72 senadores.

Este acuerdo, aparentemente asegurado en una reunión entre Milei, Villarruel y los jefes de bloque del Senado, cambió tras la inesperada postura de la UCR. Según fuentes cercanas al Gobierno, el cambio de posición de los radicales estuvo motivado por su reciente derrota en el veto presidencial a la reforma jubilatoria, donde algunos miembros del partido habían votado a favor del oficialismo.

Luego de confirmarse la inclusión del DNU de la SIDE en el temario, la vicepresidenta Villarruel dejó temporalmente la presidencia de la sesión, siendo reemplazada por el senador Bartolomé Abdala. Sin embargo, Villarruel retomó su lugar al momento de la votación.

Ante la casi segura derrota en el Senado, el Gobierno ya estudia alternativas para financiar los $100.000 millones destinados a la SIDE. Entre las opciones que baraja la mesa chica del Ejecutivo está la emisión de varios decretos que dividan el monto total en partes más pequeñas, posiblemente en cuatro decretos de $25.000 millones cada uno, aunque esta estrategia aún no fue confirmada. Según un alto funcionario, los fondos se destinarán principalmente a la compra de equipamiento tecnológico que fue retirado durante la gestión anterior de Cristina Caamaño al frente del organismo de inteligencia.