El Senado sancionó este jueves la ley que protege los presupuestos de las universidades públicas, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, logrando incluso el respaldo de los dos tercios del pleno. Ante este escenario, el Ejecutivo ya anticipó que podría vetar la medida, lo que abriría la posibilidad de insistir con la norma desde el Congreso.

Qué establece la ley

El proyecto impone la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades al 1º de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para el periodo mayo-diciembre de 2024, y prevé aumentos bimestrales para el corriente año.

Asimismo, los salarios de docentes y no docentes deberán actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con incrementos remunerativos y bonificables que no podrán ser inferiores al IPC. La normativa también obliga a convocar paritarias cada tres meses, asegurando ajustes mensuales no menores a la inflación.

Debate en el Senado

Durante la sesión, el senador peronista Fernando Salino alertó sobre la caída de las transferencias a universidades en 2025 y el impacto en términos del Producto Bruto Interno. Por su parte, Maximiliano Abad (UCR) criticó la falta de un marco legal claro y señaló que gobernar sin presupuesto es "como navegar sin GPS".

Otros legisladores destacaron la importancia de resguardar la educación pública frente a cuestionamientos sobre supuestos manejos irregulares. José María Carambia y Flavio Fama defendieron la iniciativa, resaltando que la mayoría de los argentinos apoya universidades públicas fuertes y bien financiadas.

El cierre estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, quien cuestionó la enseñanza ideológica en aulas históricamente y subrayó la concentración del presupuesto en un reducido porcentaje de universidades.

Con esta sanción, el Senado reafirma la prioridad de garantizar recursos y salarios adecuados para la educación superior, aunque el futuro de la ley dependerá de la decisión del Ejecutivo y, eventualmente, de la insistencia parlamentaria para sortear un posible veto.