La Municipalidad de San Miguel de Tucumán cuestionó duramente el fallo judicial que sobreseyó al ex intendente Germán Alfaro en una causa que buscaba investigar el destino de $500 millones durante su gestión. Desde el Ejecutivo municipal sostienen que el ex jefe comunal fue beneficiado sin que siquiera se haya impulsado una investigación de fondo.

El abogado del municipio, Alfredo Falú, calificó la situación como "un intento alevoso y vergonzoso de no investigar un claro caso de corrupción", y apuntó directamente contra el accionar del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia por los fondos y las irregularidades señaladas

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la gestión de Rossana Chahla, que advertía presuntas irregularidades vinculadas a un préstamo otorgado por el ex gobernador Juan Manzur a la Municipalidad entre 2020 y 2021.

Según el escrito judicial, se detectaron cuatro transferencias de $125 millones cada una que habrían sido depositadas en una cuenta del Banco Macro a nombre del Municipio, pero que nunca fueron registradas en los sistemas contables oficiales. 

Esa cuenta, abierta en junio de 2020, habría sido luego vaciada y cerrada, sin que quedara constancia administrativa del movimiento de los fondos.

Críticas al accionar judicial y al Ministerio Público Fiscal

El juez Raúl Armando Cardozo dictó el sobreseimiento total de Alfaro, del legislador Rodolfo Ocaranza y del ex funcionario Carlos Gómez, al considerar que no se configuraban los delitos denunciados. En su resolución, el magistrado señaló que durante meses no hubo impulso procesal ni presentaciones de las partes.

Falú cuestionó duramente ese punto y afirmó que el Municipio nunca pudo acceder al expediente. "El Ministerio Público Fiscal tenía la obligación de impulsar la causa, especialmente tratándose de hechos de corrupción. Pero jamás nos permitieron ver el expediente y, por el contrario, nos dieron información equivocada en tribunales", denunció.

El reclamo del Municipio y los próximos pasos

Desde la Intendencia sostienen que la negativa a permitir el acceso a la causa formó parte de una estrategia para cerrar el expediente a espaldas del Municipio. Cuando intentaron constituirse como querellantes, el pedido fue rechazado con el argumento de que ya existía un sobreseimiento firme.

Falú adelantó que insistirán en reabrir la causa y cuestionó la validez de la resolución judicial. "Está prohibido cerrar causas sin citar a las víctimas, y al Municipio nunca se lo citó. Vamos a recurrir hasta la última instancia en defensa del patrimonio municipal y en busca de una verdadera Justicia", afirmó.