El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes ordenó frenar la difusión de los audios de Karina Milei, tiene en su contra nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Según informó la Comisión de Disciplina, cinco de los expedientes son por acoso sexual, mientras que los restantes incluyen acusaciones de maltrato laboral, abuso de poder y malversación de fondos públicos.

El magistrado fue citado el 19 de agosto para ejercer su defensa en un plazo de 20 días, tras una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.

Relatos de víctimas y causas judiciales

Entre los testimonios que forman parte de las denuncias, una empleada declaró que fue acosada apenas una semana después de ingresar al juzgado, bajo la amenaza de perder su trabajo si no aceptaba una salida con el juez. Según su relato, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y terminó accediendo a mantener relaciones sexuales por miedo a represalias.

Otra agente judicial denunció haber recibido mensajes inapropiados y comentarios sobre su aspecto físico a través de redes sociales, además de un trato hostil tras rechazar invitaciones fuera del ámbito laboral. La víctima afirmó que necesitó medicación y llegó a tener pensamientos suicidas antes de formalizar su denuncia.

Estos casos fueron derivados a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde la fiscal Mariana Labozzetta consideró que los hechos podrían constituir delitos de acción pública. Actualmente, las actuaciones están en manos de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.

La decisión sobre los audios de Karina Milei

En paralelo a estas denuncias, Maraniello quedó en el centro de la escena tras dictar una medida cautelar que prohíbe la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en la Casa Rosada. El fallo, que alcanza a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, responde a la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

El Gobierno había calificado la filtración como parte de una "operación de inteligencia ilegal" destinada a desestabilizar el país en plena campaña electoral.