El Gobierno subasta una Ferrari F430 decomisada en una causa de narcotráfico
La AABE anunció la venta del lujoso vehículo con un precio base de USD 182.277; la subasta será virtual y forma parte del plan de desinversión estatal.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, subastará una Ferrari F430 del año 2006 que fue incautada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El anuncio fue realizado este miércoles por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.
El vehículo, rojo y con 16.855 kilómetros de uso, será subastado de manera virtual como parte de la subasta pública número 392-0108-SPU25. El precio base fijado por la Justicia es de USD 182.277, equivalente a 267 millones de pesos al dólar oficial y 264 millones según el valor del dólar blue.
Detalles de la subasta y cómo participar
La inscripción para participar estará abierta hasta el martes 27 de enero y la subasta se realizará el 3 de febrero de 2026 a las 14 horas a través del sitio web de ComprAr, dentro del módulo de subastas públicas. Para ofertar, los interesados deberán registrarse y cumplir con los requisitos establecidos en las bases y condiciones.
El vehículo podrá ser inspeccionado los lunes, miércoles y viernes, en distintos turnos del día, antes del remate. El monto mínimo para redoblar ofertas será de 5 mil dólares, y la subasta tendrá una duración de una hora.
Transparencia y plan de desinversión estatal
Manuel Adorni destacó que esta subasta forma parte de un plan más amplio del Gobierno para optimizar el patrimonio estatal y garantizar transparencia. "Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado. Con estas operaciones, la gestión ya acumula USD 321.915.200 en ventas absolutamente transparentes", afirmó.
Los remates de la AABE incluyen vehículos, inmuebles y otros bienes muebles que antes estaban ociosos o bajo medidas cautelares. Según informó el funcionario, los ingresos obtenidos se destinarán al Tesoro Nacional y a proyectos de desarrollo urbano y privado, buscando reducir el patrimonio estatal improductivo.