El gobierno de Javier Milei aumentó la presión diplomática contra la dictadura venezolana liderada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La canciller Diana Mondino firmó una petición dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emitan órdenes de arresto contra los máximos líderes del régimen chavista, fundamentada en graves violaciones a los derechos humanos y el deterioro del estado de derecho en Venezuela.

La solicitud, basada en el artículo 58 del Estatuto de Roma, fue enviada al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, según fuentes oficiales. 

Este artículo permite emitir órdenes de arresto si existen pruebas suficientes de que una persona cometió crímenes de competencia de la Corte y si su detención es necesaria para garantizar su comparecencia en un juicio o impedir que continúe cometiendo crímenes.

"El pedido de detención no sólo se refiere a las violaciones ya investigadas, sino también a nuevos episodios graves tras las elecciones fraudulentas recientes", indicaron fuentes diplomáticas.

Esta ofensiva internacional, que busca responsabilizar al régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad, representa una escalada en la postura del gobierno argentino, que en julio de este año ya había reincorporado a la Argentina en la causa impulsada en 2018 por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y el entonces gobierno de Mauricio Macri.