El Gobierno se mantiene firme, pero abre canales de diálogo con universidades y gremios

La Secretaría de Capital Humano prepara una nueva convocatoria para la paritaria tras el rechazo de la oferta salarial del 6,8%.

El conflicto por el presupuesto de la educación superior sigue generando fricciones entre el Gobierno, las universidades y los gremios. A pesar de la intransigencia del Ejecutivo, que no avalará el establecimiento de una mesa de negociación permanente, se están llevando a cabo conversaciones informales para encontrar una solución. La secretaria de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene la última palabra, pero las proyecciones presupuestarias y la negativa del presidente Javier Milei a aumentar el financiamiento complican la situación.

En este contexto, la nueva convocatoria a paritarias podría ofrecer un porcentaje superador al 6,8% rechazado la semana pasada, aunque las partes insisten en la necesidad de una mesa de negociación estable que permita discutir de manera ordenada las políticas salariales y los reclamos de transparencia.

Los cruces entre el secretario de Políticas Universitarias, Carlos Torrendell, y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han sido constantes. Mientras el Gobierno cuestiona la cantidad de estudiantes en la UBA y señala posibles irregularidades, los rectores defienden la transparencia de sus cifras. La situación se complicó aún más con las movilizaciones de estudiantes y trabajadores que exigen mejoras salariales y presupuestarias.

Los sindicatos, que organizaron una marcha masiva, sostienen que la creación de una mesa de discusión es fundamental para sistematizar las negociaciones, que fueron caóticas desde abril. Sin embargo, en Capital Humano desestiman esta propuesta, argumentando que ya se relacionan institucionalmente con los representantes del sector.

Los gremios piden aumentos salariales claros y previsibles, el Gobierno sostiene que cualquier incremento por encima del 40% afectaría el equilibrio fiscal. En medio de esta tensión, la Casa Rosada se muestra conciliadora, reconociendo la necesidad de mejorar los salarios, pero cuestionando la viabilidad de hacerlo sin un plan financiero claro.

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