El Ejecutivo nacional trabaja en un proyecto de ley que incluirá un mecanismo para proteger la información de quienes adhieran al nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Según confirmaron desde la Casa Rosada, esta semana enviarán la iniciativa a la Cámara de Diputados con un "tapón fiscal" que evitará que los datos recabados puedan usarse en su contra en el futuro.

Esta propuesta forma parte de una reforma más amplia que también modifica la Ley Penal Tributaria (27.430) y la Ley de Procedimiento Fiscal (11.683). En principio, se había evaluado la posibilidad de eliminar los datos fiscales directamente, pero se optó por impedir su utilización retroactiva como prueba contra los contribuyentes.

Reducción de penas y suba de los montos de evasión

El plan del Gobierno también incluye reducir los plazos de prescripción penal para delitos tributarios de cinco a dos o tres años. Además, se busca elevar el umbral a partir del cual se considera delito la evasión: de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada pasará a aplicarse por montos mayores a $100.000.000, en lugar de $15.000.000 como rige actualmente.

La intención es promover la regularización voluntaria de capitales no declarados antes de 2023. Si el Congreso aprueba la ley antes de octubre, los contribuyentes podrán quedar liberados de penalidades a partir del 1 de enero de 2026.

Apoyo de gobernadores y objetivo: dólares del colchón

Doce gobernadores ya firmaron su adhesión al nuevo régimen simplificado, entre ellos los mandatarios de Río Negro, San Juan, Chaco, San Luis, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Entre Ríos. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, avanza en acuerdos con más provincias para aplicar los nuevos lineamientos de información fiscal.

Mientras tanto, el Gobierno avanza con su plan para "remonetizar" la economía, apuntando a los dólares no declarados que circulan en la informalidad. Estiman que hay unos 250.000 millones de dólares fuera del sistema, según datos del INDEC. Por ahora, no se tocará la Ley Penal Cambiaria, aunque en el oficialismo aseguran que podría discutirse en 2026 para no entorpecer el programa de estabilización económica.