Los estudios sobre la democracia han reparado sobre la importancia de tener buenos perdedores. Es decir, sobre la trascendencia que tiene para la continuidad del sistema que, luego de la elección, cada quien acepte el resultado y, por lo tanto, su papel: unos ganan y otros pierden. De modo que el comportamiento de los derrotados ha sido estudiado con detenimiento: el consentimiento o el rechazo de la voluntad expresada en las urnas es una reacción determinante para la salud de las instituciones. 

Es trágicamente lógica está preocupación, por ejemplo, en la historia reciente argentina. El siglo XX ha estado estragado de golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) que derrocaron a gobiernos consagrados en elecciones. Un elemento común eran las minorías que "golpeaban las puertas de los cuarteles" porque no aceptaban la inclinación mayoritaria del electorado en favor de los partidos de masas (el radicalismo, en la primera mitad de la centuria pasada; el peronismo, en la otra mitad). Desde la recuperación de la democracia, en 1983, la cuestión siguió siendo determinante. El peronismo fue acusado de desestabilizar a los gobiernos de signo político diferente. El PJ, en tanto, denunció sistemáticamente que quienes no podían derrotarlo en las urnas apelaban a la persecución judicial de los líderes "nacionales y populares" (el "lawfare").

Tampoco es un fenómeno meramente argentino. Solo en la última década, la reacción de Jair Bolsonaro cuando Luiz Inácio "Lula" da Silva tronchó su reelección en 2022, y la de Donald Trump cuando fue derrotado por Joe Biden en 2020, dan cuenta de que los malos perdedores ponen en riesgo las democracias sin importar latitudes, desarrollos económicos ni momentos históricos. 

En contraste, lo que parece no haber recibido idéntico foco de atención en la ecuación de los actores políticos es en el comportamiento de los ganadores. 

LOS LÍMITES 

Al igual que en el caso de los derrotados, a los que triunfaron también les corresponde aceptar el papel que les ha dado la sociedad en las urnas. Y, de la misma manera, torna necesario un consentimiento de parte de ellos: el de los límites. 

Tanto la democracia, en tanto materia, como la república, en tanto forma, se definen también por sus límites. Límites en la periodicidad de los mandatos y en la atribución de los poderes del Estado son dos obvios ejemplos. Pero hay otras fronteras que, aparentemente, no resultan tan evidentes. 

Investidos del triunfo en las urnas, los ganadores pretenden a veces que la dimensión mayoritaria de la democracia es la única y preponderante. Sin embargo, como ya se ha dicho aquí, la democracia también tiene una dimensión liberal. Ella garantiza, sustancialmente, que hay derechos que no dependen del resultado de los comicios. Así que no hace falta armar partidos políticos y ganar elecciones para hacerlos valer: el constitucionalismo y su régimen de contrapesos y relaciones los harán valer. Porque el que posee la mayoría de los votos tiene el poder, pero ello no es sinónimo de que tenga la razón. 

La democracia liberal es, justamente, la dimensión de los límites que funcionan como recipientes del poder del pueblo y lo distribuyen para evitar desbordes. Es la garantía de que nadie administrará mas poder que el que la ley le confiere. 

Durante la semana que acaba de terminar, La Liberta Avanza, en el orden nacional, despide este vertiginoso año dando muestras de que ha aprendido a perder, pero de que sigue sin saber ganar. 

LOS CONTRASTES 

El 7 de septiembre pasado, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el peronismo de Axel Kicillof le sacó casi 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza. El partido de Javier Milei, entonces, supo lo que era la derrota. Y más aún: también supo perder. Prueba de ello es que, un mes y medio después, dio vuelta el resultado. Ganó las elecciones nacionales del 26 de octubre y hasta se impuso en el propio distrito bonaerense. 

Fue tal la magnitud del triunfo que el oficialismo pasó de ser un partido político con la gobernabilidad compromerida, porque ni siquiera tenía capacidad para sostener los vetos presidenciales contra normas que la Casa Rosada consideraba inconvenientes, a convertirse en la primera minoría de la Cámara de Diputados. Esto último se logró gracias a las muchas bancas obtenidas durante el último domingo de octubre, así como también a las múltiples deserciones en el resto de las bancadas. Hubo diputados que lograron sus cargos como candidatos de la UCR y del PRO que se mudaron al bando libertario. Y hubo diputados del peronismo que dejaron el bloque justicialista para estructurar bancadas provinciales. 

En contrastante con semejante dinámica, La Libertad Avanza estrenó su triunfó en las urnas, estrellando la nueva composición parlamentaria la semana pasada. El tratamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 terminó siendo una derrota tanto política como moral de los ganadores de los pasados comicios. 

Ese desatino es consecuencia de un oficialismo que no conoce los límites. Es decir, es el resultado de un gobierno que no sabe ganar. 

LA EXCEPCIÓN 

El Gobierno consiguió no sólo quórum sino también la mayoría de los votos para lograr la aprobación en general del Presupuesto 2026. Un hecho de enorme importancia para el Gobierno, por cuanto plasma su programa económico para el año próximo; y también para el país. La Argentina, al día de hoy, tiene prorrogado el Presupuesto de 2023 (sancionado a finales de 2022) porque no hubo acuerdo con la oposición para sancionar otro en los dos años de mandato libertario. 

El resultado de esa media sanción da cuenta de la voluntad favorable que había logrado la iniciativa: 132 votos a favor, 97 en contra (fundamentalmente, del PJ) y 19 abstenciones. Estas últimas correspondientes a Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

Ahí fue cuando el Gobierno no entendió los límites de la democracia ni de la república. Para lo que no había consenso era para la obsesión de La Libertad Avanza contra dos leyes : la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad. Ambas fueron aprobadas por el Congreso, vetadas por Milei y luego insistidas por la Cámara de Diputados y la de Senadores. 

De esta manera, una agravada mayoría del Poder Legislativo le decía al Poder Ejecutivo que ni la Universidad pública, ni muchísimo menos los argentinos que sufren una discapacidad, podían ser variables de ajuste de su "modelo" económico. Fue un límite preclaro. Ignorante de su papel institucional,la Casa Rosada suspendió la ejecución de esas normas, en una decisión que pone a la Argentina incursa en un cuadro de estado de excepción: las leyes están vigentes, pero no se las aplica. 

Este peligroso terreno, a medio camino entre el derecho y la anomia, es posible porque no hay Presupuesto 2025 vigente. Como lo que rige es la prórroga de una prórroga, la Jefatura de Gabinete optó por irrespetar el proceso constotitucional de la formación de las leyes en nombre de que el Congreso debía decirle al Gobierno de dónde provendrían los fondos para hacer ejecutivas esas normas. 

LO DISVALIOSO

Eso, con el Presupuesto 2026 (que estaba en tratamiento) no iba a ocurrir. Así que las fuerzas de Milei comenzaron a presionar para que, con esta ley, se derogasen las de Finaciamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad. Pero no encontraba eco.

Empezaron entonces a hacer algo bochornoso: repartir plata a viva voz. Temprano se impuso como mecánica que la ley se votara por capítulos y no por artículos. Así que comenzaron a "embarazar" el capítulo 11 con prebendas. Desde la autorización para restituir recursos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (para sumar los votos del PRO) hasta 21.000 millones para la Justicia mediante el Consejo de la Magistratura (a modo de blindar una judicialización de la norma). 

Pese a todos estas conductas propias de un "Manual de Castas", todo el capítulo XI cayó: recibió sólo 117 votos a favor y 123 en contra. Esta vez sólo hubo dos abstenciones. Una derrota indisimulable. 

Triunfar las elecciones para perder esa votación con una nueva composición del Congreso, largamente más favorable que hace un mes, es lo que consigue un oficialismo que no sabe ganar. 

En octubre ganó, entre otras cosas, el proceso de desinflación que lleva adelante Milei. Sus competidores eran grandes exponentes del fracaso económico kirchnerista: desde Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina (del default y de la expropiación de YPF) hasta Sergio Massa, ministro de Economía de Alberto Fernández (y de la inflación del 211% en 2023). Así que ganó el "déficit cero", gracias al cual se enfrió la inflación. Pero no a cualquier precio. Porque como su nombre lo indica, lo que tiene "cualquier precio", en realidad, carece de valor. 

LOS LIBERALES 

El "déficit cero" no puede conseguirse a cambio de liquidar la universidad pública. Juan José Sebreli, que era liberal (de los que tenía claro el significado del término), advertía que el contexto socioeconómico en que se nace le da ventajas a unos sobre otros. La única herramienta para compensar esas desventajas de origen, escribió el filósofo argentino, es la educación. La Argentina, desde la Constitución liberal que le dio ese gran liberal tucumano que fue Juan Bautista Alberdi, se funda en la igualdad. La Universidad pública hace posible esa igualdad desde el momento en que permite que el origen de las personas no determine de antemano su destino. 

El "déficit cero" mucho menos puede conseguirse sobre la base de desproteger precisamente a los sectores que más protección necesitan, como consecuencia de su vulnerabilidad. La razón de ser del Estado es, justamente la de organizar un "Estado de Derecho" que brinde garantías básicas de existencia digna a las personas. Porque para valerse por sí mismos, según la "ley de la selva" estaba el "estado de naturaleza". No hay dudas de los excesos clientelistas perpetrados durante gobiernos anteriores con programas sociales, incluyendo beneficios para personas con discapacidad. Pero la solución es auditar, denunciar y enmendar; no derogar la Emergencia en Discapacidad.

Precisamente, una sociedad funciona como tal cuando hay bienes que "asocian" a sus miembros. Desmantelar la educación pública y desproteger a quienes sufren discapacidades es el camino contrario. 

LOS CONTROLES

Lo más desdoroso de la derrota libertaria con la Ley de Presupuesto es que lo actuado por los diputados luce como una muestra del funcionamiento de los mecanismos de la democracia. Concretamente, de la rendición de cuentas vertical ("accountability", en los términos de Guillermo O'Doneñnell, porque pese a las prebendas incluidas en el proyecto, y a las distribuidas fuera del recinto como el envío de multimillonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hubo diputados nacionales que no cedieron ni siquiera ante el pedido de sus gobernadores. ¿Por qué? Porque después iban a tener que volver a las distritos a explicarles a sus comprovincianos las razones por las que dejaban a las Universidades sin recursos y a las personas con diacapacidad sin cobertura. Es decir, porque los representantes del pueblo asumieron que lo primero era rendirle cuentas al pueblo. 

La democracia y la república, entonces, también son sinónimos de límites. Y hay límites que son infranqueables. El psicoanálisis enseña que ahí, donde aparece una frontera, también emerge un interrogante. La educación y las personas con discapacidad son el límite que el ajuste no puede avasallar. El gobierno nacional, exactamente, ¿que parte de "no" no entiende"?