El Gobierno nacional estableció un nuevo régimen de empleo para el sector público que entrará en vigencia el 1 de enero de 2025. A partir de esa fecha, quedará prohibida la realización de nuevas designaciones y contrataciones de personal en el ámbito estatal, salvo excepciones. Además, se fijó la duración máxima de los contratos y se estableció la obligatoriedad de aprobar un examen de idoneidad para acceder a un puesto.

Las claves del nuevo régimen de empleo público

El nuevo esquema fue oficializado a través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el último Boletín Oficial del año. Los documentos llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según se detalla, desde el 1 de enero de 2025:

• Se prohíben las nuevas designaciones y contrataciones de personal en todas las jurisdicciones y entidades del sector público nacional.

• Se establece una duración máxima para los contratos dentro del Estado.

• El acceso al empleo público estará condicionado a la aprobación de un examen de idoneidad.

Excepciones a la prohibición de contrataciones

A pesar de las restricciones, el decreto contempla algunas excepciones:

• Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Universidades y Servicio Exterior de la Nación.

• Guardaparques Nacionales y personal de hospitales y centros de investigación dependientes del Ministerio de Salud.

• Cobertura de cargos transitorios en el Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP).

• Designaciones para cumplir con el Cupo de Discapacidad establecido por la Ley Nº 22.431.

Requisitos y validación de nuevos ingresos

El decreto 1149/2024 establece que, para poder acceder a un empleo en la administración pública, será indispensable aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en diciembre de 2024.

En caso de no superar esta instancia, las personas no podrán ser contratadas por períodos que excedan el 31 de marzo de 2025. Además, los nuevos contratos no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025.

Con estas medidas, el Gobierno busca optimizar los recursos del Estado y garantizar que la planta de personal se ajuste a las necesidades reales de cada área.