El Gobierno prepara una reforma del Código Penal: más penas y cadena perpetua más dura

El proyecto incluye cambios en delitos sexuales y el sistema penitenciario. Buscan que "hacer un daño tenga un costo real".

El Gobierno avanza con una reforma del Código Penal que apunta a endurecer las penas y extender la cadena perpetua. La iniciativa, que se enviará al Congreso durante las sesiones ordinarias, busca que "hacer un daño tenga un costo real", según fuentes oficiales.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, es el encargado de los detalles técnicos del proyecto. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es crear un sistema penal más severo, especialmente en delitos que "no admiten reinserción en la sociedad".

Cambios en delitos sexuales y cadena perpetua

Uno de los ejes centrales de la reforma es modificar los artículos 119 y 120 del Código Penal, que abarcan los delitos contra la integridad sexual. Actualmente, las penas van de 8 a 20 años, pero el Gobierno planea ampliar los agravantes, especialmente cuando el delito es cometido por un ascendiente.

El Gobierno prepara una reforma del Código Penal: más penas y cadena perpetua más dura

Además, se busca modificar el artículo 13, que regula la cadena perpetua. Hoy, los condenados pueden solicitar la libertad condicional después de 35 años, pero la reforma apunta a restringir esta posibilidad. "El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena podrá obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social", establece el texto actual.

El Gobierno también planea modificar la figura de femicidio, establecida en la Ley 26.791, para equiparar las penas entre hombres y mujeres en casos de violencia en la pareja. "Queremos que las penas sean las mismas", expresaron en Balcarce 50.

Paralelamente, se trabaja en cambios en el sistema penitenciario, incluyendo la posibilidad de ampliar la participación privada en la gestión de cárceles. Estas reformas buscan no solo endurecer las penas, sino también mejorar la eficiencia del sistema carcelario.

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