El conflicto entre el Gobierno provincial y el municipio de Tafí Viejo escaló esta semana, luego de que el Ejecutivo, a través del decreto 1.057/3, intimara a la intendenta Alejandra Rodríguez a presentar una propuesta de cancelación de deuda en un plazo de 90 días corridos. La suma que exige la Provincia asciende a $12.868 millones, y de no haber acuerdo, se iniciará un proceso de retención de fondos coparticipables para garantizar el recupero.

La resolución, firmada por Osvaldo Jaldo y sus ministros Daniel Abad (Economía), Darío Monteros (Interior) y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, también rechaza siete expedientes previos presentados por el municipio y un recurso de reconsideración. "La deuda afecta directamente las finanzas del Tesoro provincial", advierte el decreto publicado en el Boletín Oficial.

Tafí Viejo sostiene otra versión: "Nos deben $18.000 millones"

Desde la gestión de Rodríguez aseguran que la situación es al revés: el Estado provincial mantiene con Tafí Viejo una deuda de $18.000 millones. Argumentan que la Provincia detrajo de forma indebida fondos de la coparticipación y que el municipio se hizo cargo de gastos que le corresponden al Poder Ejecutivo, como seguridad, salud y educación, sin recibir las partidas correspondientes.

El fiscal municipal Víctor Schedan presentó recursos jerárquicos ante Jaldo y el ministro Abad para sostener esta postura. La tensión política crece en paralelo a las versiones de que el esposo de Rodríguez, el legislador Javier Noguera, podría encabezar una lista opositora al jaldismo en las elecciones de octubre.

El trasfondo político del conflicto

El cortocircuito se profundizó desde que Tafí Viejo decidió abandonar el Pacto Social, un acuerdo vigente desde hace más de 20 años que garantiza el pago de sueldos municipales a cambio de transferencias automáticas de recursos. La ruptura de este régimen por parte de Rodríguez no solo desató una puja financiera, sino también política, en un contexto electoral cargado.