El Gobierno de Javier Milei ha impuesto nuevas restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, limitando las obligaciones sobre la entrega de ciertos datos. A través de un decreto firmado por el presidente y Guillermo Francos, se han realizado modificaciones a la reglamentación de la Ley 27.275, acotando el concepto de información pública.

Una de las modificaciones clave es que no se considerará información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada generados o custodiados por personas privadas, o cuando no haya un interés público comprometido. 

Esto parece estar diseñado para evitar pedidos de información sobre asuntos personales de Milei, como el número de perros en la Quinta de Olivos.

Además, el decreto establece que las deliberaciones preparatorias y documentos de trabajo no serán considerados de carácter público, eximiendo al gobierno de la obligación de informar sobre estos asuntos. 

También se ha incorporado el principio de "buena fe", señalando que el abuso de los pedidos de información podría ser castigado, invocando el "abuso del derecho" según el Código Civil y Comercial de la Nación.