El Gobierno nacional decidió avanzar con fuerza en la reforma laboral y planea convocar a la Confederación General del Trabajo (CGT) en las próximas semanas para iniciar una mesa de diálogo. La intención del oficialismo es presentar el proyecto en la Cámara de Diputados en los próximos meses, buscando acuerdos que permitan su aprobación.

"Nuestra intención es que haya diálogo. Vamos a intentar reunir los consensos", afirmaron desde el Ejecutivo, donde también confirmaron que las reformas impositiva y previsional quedarán en segundo plano, pese a formar parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde la Casa Rosada aseguran que sin una transformación profunda en el régimen laboral, el resto de los cambios estructurales carecerían de sentido.

Qué propone el proyecto: menos intervención estatal y cambios sindicales

El borrador del proyecto, según trascendió, incluirá reformas en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), con el objetivo de disminuir la intervención del Estado en los convenios entre trabajadores y empleadores. Una de las propuestas es dejar sin efecto la obligación de homologar las paritarias por parte del Estado, dando mayor libertad a las partes para negociar.

También se prevé que el pago de la cuota solidaria a los sindicatos deje de ser obligatorio, lo que impactaría directamente en la financiación de las organizaciones gremiales. Además, el Gobierno busca establecer la obligatoriedad de elecciones periódicas en los sindicatos, supervisadas por la Justicia Electoral.

Otra medida en análisis es declarar como servicios esenciales a sectores como salud, transporte, telecomunicaciones y educación, lo que limitaría el derecho a huelga en al menos el 50% de esas áreas. Asimismo, se impulsará la mediación y el arbitraje como herramientas para resolver conflictos sin necesidad de acudir a la justicia.

Las negociaciones con la CGT y los próximos pasos

Desde el Gobierno destacan que ya hubo avances en 2024, como la eliminación de multas por trabajo no registrado, la extensión del período de prueba a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo. Además, se mantienen firmes en no avalar paritarias por encima de la inflación.

En septiembre del año pasado, el Ejecutivo había accedido a no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que habilita despidos por bloqueos sindicales, como gesto hacia la CGT. Ese artículo indica que puede considerarse "grave injuria laboral" la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos.

Los encargados de entablar el diálogo con la central gremial serán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Entre los interlocutores sindicales figuran Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).

"El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo", afirmaron desde el oficialismo, que apuesta a un proceso de negociación que permita avanzar sin rupturas.