El Gobierno reafirmó que la reglamentación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral, acordada con la CGT, "no implica ninguna decisión en desmedro del sector empleador". En un encuentro con los líderes del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "la libertad de las empresas y de trabajar no se verá afectada" por lo que se resuelva en la creación de una comisión tripartita para consensuar la reglamentación de la ley.

Durante la reunión, los empresarios expresaron su preocupación sobre el acuerdo alcanzado el lunes, que establece que los bloqueos serán considerados injurias laborales graves, lo que podría derivar en despidos justificados. Sin embargo, Francos enfatizó que el Gobierno está comprometido con el desarrollo de las fuerzas productivas de Argentina "bajo el manto de la ley y de los derechos consagrados en la Constitución".

El MEAB, representado por su presidente Juan Méndez, calificó como un "dislate" la posibilidad de que el acuerdo transformara en "letra muerta" lo que el Congreso ya había sancionado. Según Méndez, incluir al sindicalismo en la reglamentación de la ley sobre bloqueos podría resultar en una discrecionalidad perjudicial para las empresas.

Méndez advirtió que la creación de organismos intermedios podría dilatar los tiempos de resolución de conflictos laborales, lo que complicaría aún más la situación de las pymes. En su opinión, "no se podría despedir con causa hasta que se expida el órgano tripartito", lo que generaría incertidumbre en la gestión empresarial.

A pesar de las inquietudes, Francos instó a los empresarios a confiar en el Gobierno y destacó que no hay intención de favorecer a la CGT en este proceso. "No es fácil conformar a todas las partes", reconoció el jefe de Gabinete, quien también se comprometió a mantener abiertos los canales de diálogo con todos los sectores.

El Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), por su parte, también manifestó su descontento con el acuerdo entre el Gobierno y la CGT. En un comunicado, el PEP insistió en que las penalidades para quienes bloqueen actividades económicas deben aplicarse de manera justa y equitativa, subrayando que "el derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho a trabajar y a producir".