El Gobierno Nacional avanza con el proceso de privatización de empresas públicas, autorizado por la Ley Bases y en línea con el acuerdo técnico con el FMI. A través del decreto 416/2025, se fijaron las condiciones para llevar a cabo los procesos de venta, subasta o concesión, con el objetivo de acumular divisas y reducir el peso del Estado.

Según la normativa, las operaciones se harán de forma digital mediante las plataformas oficiales CONTRAT.AR (para licitaciones y concursos) y SUBAST.AR (para remates públicos). Los interesados deberán validarse previamente como usuarios externos u oferentes, según el caso. La Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de implementar un nuevo módulo para estos fines.

Entre las primeras empresas en lista figuran Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa). Además, el Gobierno trabaja en la licitación de 9000 km de rutas y en la concesión de seis represas hidroeléctricas, lo que, según estimaciones oficiales, podría generar ingresos por US$500 millones.

También se trabaja en un decreto para la privatización de AYSA, cuyas acciones se traspasarían vía licitación pública y Bolsa de Comercio. En tanto, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) aún no tiene un plan definido.

La Ley Bases autoriza, además, la entrega parcial de acciones de Nucleoeléctrica Argentina y YCRT, pero exige que el Estado mantenga el control mayoritario. Por ley, el Congreso debe ser informado de cada venta, y la AGN y SIGEN deberán auditar el estado legal y financiero de las empresas involucradas.

Se espera que el Gobierno presente su hoja de ruta definitiva para mediados de noviembre, a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.