El Gobierno Nacional lanzó una reforma migratoria con medidas más estrictas para el ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que quienes tengan condenas penales serán expulsados del país, al igual que aquellos que mientan al ingresar. 

"Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina", dijo enfáticamente.

Adorni detalló que no se permitirá el ingreso a condenados ni a personas que crucen por pasos no habilitados. Además, se acortarán los plazos de apelación para que las deportaciones se hagan efectivas en menos tiempo. "La Argentina no será tierra fértil para el ingreso de delincuentes", aseguró.

Aranceles en salud y educación para extranjeros

Otra de las medidas incluye el cobro obligatorio de los servicios de salud para inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales. También se exigirá un seguro médico para ingresar al país. En cuanto a la educación, las universidades nacionales estarán habilitadas a cobrar aranceles a extranjeros si así lo deciden.

La residencia permanente y la ciudadanía también serán más difíciles de obtener. Solo podrán solicitarla quienes hayan vivido en el país de manera continua durante al menos dos años y sin salir del territorio. "Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no serán recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora", remarcó Adorni.

Cifras y justificaciones del endurecimiento

El vocero apuntó contra la normativa actual por ser "permisiva" y fomentar el "caos y el abuso". Según Adorni, en las últimas dos décadas ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población de La Matanza o Tucumán. También criticó los "tours sanitarios", y afirmó que solo en un año ocho hospitales nacionales gastaron $114.000 millones en atención a extranjeros.