El Gobierno nacional decidió dividir la reforma tributaria en proyectos separados con el objetivo de minimizar el impacto fiscal y preservar el equilibrio de las cuentas públicas. En Balcarce 50 reconocen que no existen hoy las condiciones políticas ni fiscales para avanzar con un rediseño impositivo integral, por lo que la estrategia será impulsar modificaciones de manera progresiva durante los próximos años.

La prioridad del Ejecutivo continúa siendo la aprobación de la reforma laboral, que buscará sancionar antes de febrero. En el oficialismo aseguran que ambos procesos están vinculados y que cualquier baja de impuestos deberá estar respaldada por crecimiento económico y margen financiero.

Sin margen para una reforma impositiva integral

Desde la Casa Rosada admiten que la versión más ambiciosa de la reforma -que incluye un nuevo esquema del IVA, la eliminación del impuesto al cheque y cambios en el sistema de coparticipación- no tiene viabilidad en el contexto actual. Además, consideran que estas medidas deberían ir acompañadas por una reducción del gasto provincial para fomentar una "competencia fiscal" entre jurisdicciones.

Los equipos técnicos del Ministerio de Economía avanzan en el análisis de las modificaciones, aunque reconocen que todavía no existe una definición clara sobre el orden ni el alcance de los cambios. Se trata de un debate de largo plazo, condicionado por la evolución de la recaudación y la actividad económica.

Cambios graduales y foco en el monotributo

Uno de los puntos que el Gobierno pretende reformar es el monotributo, al que define como "insostenible" en el mediano plazo. La idea es reemplazarlo por esquemas más flexibles que faciliten el paso al régimen general mediante incentivos fiscales graduales, un aspecto que también fue señalado por el Fondo Monetario Internacional.

Mientras tanto, el Ejecutivo ya incorporó modificaciones tributarias en la reforma laboral enviada al Senado. El proyecto contempla reducciones en el impuesto a las Ganancias corporativas, nuevas exenciones en operaciones financieras e inmobiliarias, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la devolución del saldo técnico de IVA desde el tercer período fiscal.

Además, la iniciativa propone eliminar impuestos internos de baja recaudación y otorgar mayores facultades reglamentarias a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para el Gobierno, estas medidas representan un primer paso antes de avanzar con una baja impositiva más profunda a partir de 2026.

El texto también establece un tratamiento fiscal especial para los Fondos de Asistencia Laboral, cuyos rendimientos estarán exentos de Ganancias e IVA -salvo las comisiones-, y prevé que la contribución obligatoria del 3% se compense con una reducción equivalente de los aportes patronales al SIPA.