El Gobierno nacional concretó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, como parte de una reorganización más amplia de los entes que estaban bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. La medida deja sin funciones a más de 5100 trabajadores, quienes serán puestos a disponibilidad con posibilidad de ser reubicados.

Desde la Casa Rosada señalaron que parte de este personal será transferido al Ministerio de Economía, que asumirá el control de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. También está prevista la incorporación de algunos empleados a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Un año de transición: qué pasará con los empleados

Los trabajadores cesados seguirán percibiendo sus salarios durante un año, mientras se define su futuro laboral dentro del Estado. Según fuentes oficiales, podrán ser capacitados para nuevas funciones o incorporarse a servicios tercerizados.

En los casos en que no haya reubicación, se pagará una indemnización proporcional a un mes de sueldo por cada año trabajado, tomando como base el salario más alto del último año. La Ley Bases también permite la transferencia de empleados a provincias o municipios.

Además, el Ejecutivo analiza aplicar el artículo que impide el pago de indemnizaciones si se detectan irregularidades laborales como ausencias injustificadas, abandono de tareas o incumplimientos de horario.

Qué pasará con los bienes, fondos y otros organismos

El cierre de Vialidad también implica el traspaso de su patrimonio. El Gobierno ya trabaja en un inventario de bienes muebles e inmuebles, maquinarias y vehículos, que serán reportados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. También deberán transferirse los fondos líquidos y las tenencias en títulos públicos al Tesoro Nacional. El presupuesto asignado a Vialidad era de 456.777 millones de pesos.

Este mismo proceso de disolución y reordenamiento se está aplicando a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En paralelo, la Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la nueva Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Por último, el control en rutas nacionales pasó a estar en manos de la Gendarmería Nacional, dependiente del Ministerio de Seguridad, tras los recientes cambios en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.