El Gobierno nacional presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la sesión en la que se debatía la reforma laboral. Monteoliva sostuvo que los atacantes utilizaron bombas molotov, bidones con combustible y otros elementos peligrosos con el objetivo de generar caos y violencia extrema.

Según explicó la funcionaria, los hechos excedieron una manifestación habitual y constituyeron una acción planificada. "Una bomba molotov es un arma. No fue solo una agresión a la policía, fue un acto de terrorismo", afirmó, al anticipar que la denuncia se presentará en el fuero federal bajo la figura prevista en la Ley Antiterrorista.

El operativo de seguridad y la defensa de los protocolos

La ministra defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y aseguró que se aplicaron los protocolos vigentes para evitar una escalada mayor de violencia. Detalló que la prioridad fue dispersar los focos más críticos antes de avanzar con detenciones, con el objetivo de resguardar tanto a los efectivos como a los manifestantes.

Monteoliva también respondió a las críticas por la falta de arrestos inmediatos y remarcó que detener personas en flagrancia mientras arrojaban explosivos hubiera puesto en riesgo a todos los presentes. Además, destacó la complejidad del operativo en torno a las vallas de seguridad y la necesidad de evitar derrumbes peligrosos.

Identificación de los implicados y rechazo a versiones conspirativas

Las autoridades avanzan en la identificación de los responsables a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros audiovisuales. Hasta el momento, más de una decena de personas fueron identificadas y se registraron más de 70 detenciones. Según la ministra, los perfiles son diversos y algunos presentan antecedentes penales, con posibles vínculos a barras bravas y agrupaciones extremistas.

Por último, Monteoliva desmintió las versiones que hablaban de policías infiltrados entre los violentos y calificó esas hipótesis como "disparates". Aseguró que toda la actuación oficial está documentada y judicializada, y cuestionó la rapidez con la que la Justicia suele liberar a los detenidos en este tipo de episodios.