Con más de 1.500 efectivos desplegados entre la policía federal y porteña, las autoridades lograron mantener el orden, evitando enfrentamientos graves como los ocurridos en protestas previas. La estrategia, organizada y ajustada a las circunstancias, permitió controlar la protesta sin dejar lugar a disturbios mayores.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, supervisó el operativo desde el Comando Central Conjunto, tomando decisiones claves, como la advertencia a un grupo que utilizaba pirotecnia cerca del Congreso. Aunque se registraron algunas tensiones, como su queja hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel por distraer a los efectivos, el operativo concluyó sin mayores complicaciones.

La respuesta del Gobierno ante la protesta

El Gobierno subrayó que la disminución en la participación de manifestantes refleja el éxito de las medidas de control implementadas en los accesos a la ciudad y el trabajo de inteligencia llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad. En este contexto, se presentó a la justicia la identidad de casi 30 personas involucradas en incidentes previos, lo que refuerza la postura del Gobierno de no tolerar la violencia en las protestas.

Aunque algunos sectores acusan al Gobierno de intentar "aniquilar" la protesta social, las autoridades defienden la medida como una respuesta a una demanda social más amplia por el control del orden público. La jornada en el Congreso, que también fue marcada por la aprobación del DNU que habilita un nuevo acuerdo con el FMI, se desarrolló sin los enfrentamientos que sí se vieron en manifestaciones anteriores.

La reconfiguración del espacio social y político

El análisis del Gobierno apunta a una "reconfiguración del espacio social", donde las protestas y la resistencia a las reformas no son vistas de la misma forma que en años anteriores. En 2017, la movilización por la reforma jubilatoria fue un hito que culminó en una crisis de violencia y caos. Sin embargo, para el Ejecutivo actual, este no es el contexto de una coalición. Las demandas sociales de 2017 ya no son las mismas y, según fuentes de la Casa Rosada, la sociedad de hoy no cederá ante la presión de las protestas.

En este escenario, el Gobierno redobla la apuesta con medidas cada vez más restrictivas para controlar la protesta social. De acuerdo con el sociólogo Pablo Semán, estamos en una etapa donde cada sector parece ver el futuro en función de "aniquilar al otro", lo que genera un clima de alta violencia social.

El Gobierno, más allá del control físico de la protesta, está decidido a asegurar que no haya lugar para la protesta social en sí misma, algo que queda claro con el operativo dispuesto para el Congreso y la aplicación de protocolos específicos para evitar disturbios mayores.