El Gobierno nacional dio un paso clave en su estrategia de desregulación: cambió por completo el sistema de contratación de obra pública. 

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, fue contundente: "Durante 70 años imperó un sistema que garantizaba el reparto entre un puñado de actores. Hoy eso se termina".

Con este cambio, se busca abrir el juego a nuevas empresas, incluso a aquellas sin experiencia previa en obra pública o con trabajos realizados en el sector privado o en el exterior. Ahora, podrán competir ofreciendo garantías patrimoniales en lugar de certificaciones tradicionales.

Qué es el SICO, el nuevo sistema que reemplaza registros anteriores

El corazón de esta reforma es el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), un registro unificado que reemplaza los viejos padrones y será obligatorio para quienes quieran participar en licitaciones del Estado. Incluye tanto a proveedores como a contratistas de obra pública y concesionarios.

Aunque su implementación total será progresiva, el SICO ya marca un cambio de paradigma: simplifica la inscripción y flexibiliza los criterios de calificación de empresas. La nueva normativa deja atrás la burocracia de los balances y documentación histórica de hasta una década exigida por el reglamento anterior (Disposición N.º 16/2019).

Menos papeles, más competencia: cómo cambia la forma de calificar a las constructoras

Uno de los puntos más importantes es que ya no se tendrá en cuenta la capacidad de contratación como factor limitante, ni los compromisos de obra asumidos. En cambio, se priorizarán criterios más amplios como la experiencia en obra privada, el patrimonio o las garantías ofrecidas.

Además, se elimina la exigencia de antecedentes exclusivamente en obra pública y se nivela el terreno para empresas extranjeras que quieran ingresar al mercado local.

Estos cambios forman parte del Decreto 206/2025 y buscan dinamizar un sector clave de la economía, permitiendo que más actores participen en la licitación de obras y reduciendo, según el Gobierno, los riesgos de corrupción y favoritismo.