El vocero presidencial Manuel Adorni reveló este martes que el Gobierno de Argentina está trabajando en una serie de reformas al régimen migratorio con el fin de endurecer las leyes y garantizar una legislación "armónica con el resto del mundo". Las nuevas medidas, que aún están en proceso de elaboración, buscan ampliar la lista de delitos que motivan la deportación de ciudadanos extranjeros, además de penalizar el reingreso de aquellos que hayan sido expulsados previamente.

Según fuentes oficiales, los Ministerios de Seguridad y de Justicia, a cargo de Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente, están trabajando en varios aspectos clave de la reforma. Una de las principales modificaciones será la penalización de la violación de la prohibición de reingreso al país, una situación que actualmente no está contemplada como delito. Esto afectaría tanto a aquellos expulsados por razones migratorias como a quienes lo fueron por cometer delitos.

El proyecto también incluye sanciones para quienes ingresen al país con documentos falsificados o presenten fraude en su declaración jurada, lo que podría aumentar el control sobre las personas que intentan entrar al país de manera ilegal.

Otra medida destacada es la revisión de la normativa sobre el extrañamiento de la Ley de Migraciones, que establece la expulsión de presos extranjeros una vez hayan cumplido la mitad de su condena. El Gobierno argumenta que, aunque esta medida es más económica para el Estado, permite que los criminales vuelvan a sus países de origen sin cumplir su condena en su totalidad. Un caso relevante que ilustra este vacío legal es el de Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los responsables del histórico robo al Banco Río de Acassuso, quien fue expulsado a Uruguay en 2013 bajo esta figura legal y, al no tener antecedentes penales en su país, pudo vivir en libertad.

Medidas adicionales de control migratorio

El Gobierno también contempla una serie de sanciones adicionales. En su discurso, Adorni aseguró que aquellos extranjeros detenidos por delitos graves o por atacar el sistema democrático (como ataques a instituciones) serán deportados y se les prohibirá el reingreso al país. Además, quienes intenten ingresar a Argentina con documentación apócrifa se enfrentarán a severas consecuencias, incluida la prisión en caso de violar la prohibición de reingreso.

Reformas en salud y educación para extranjeros

Estas medidas migratorias forman parte de un paquete más amplio que incluye también reformas en los sistemas de salud y educación en Argentina. Según Adorni, se implementará un arancelamiento en Universidades Nacionales para los estudiantes extranjeros, lo que representará una nueva fuente de financiamiento para las casas de estudio, particularmente en carreras como la Medicina, donde actualmente uno de cada tres estudiantes es extranjero.

En cuanto al sistema de salud, el Gobierno adelantó que se pondrá fin a la gratuidad de la atención médica para los extranjeros no residentes, y cada jurisdicción será responsable de definir las condiciones de acceso a los hospitales públicos. Esto podría incluir cobrar por los servicios a aquellos que no estén en situación de residencia en el país.