El Gobierno trabaja en una reforma para acelerar el proceso de deportación de inmigrantes ilegales mediante modificaciones en la Ley de Migraciones (25.871). La iniciativa apunta a optimizar los tiempos en los tribunales, ya que desde la Casa Rosada acusan a la Justicia de "trabar los procesos".

El foco estará puesto en el Título V de la ley, que regula la legalidad e ilegalidad de la permanencia de extranjeros. Este segmento, que abarca los artículos 60 a 73, establece las condiciones para la expulsión de personas que residen de manera irregular en el país.

La Dirección de Migraciones tendrá mayor poder de acción

Según el plan oficial, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) jugará un rol más activo. Este organismo podrá decretar la expulsión y actuar como parte ante la Justicia para revisar las decisiones administrativas.

Actualmente, el artículo 70 de la ley establece que el Ministerio del Interior debe solicitar a la Justicia la retención del extranjero, y la Policía Migratoria es la encargada de ejecutar el operativo. Con la reforma, se busca agilizar este procedimiento para evitar dilaciones.

La normativa también establece que los inmigrantes ilegales enfrentan la prohibición de reingreso de forma permanente o por un período superior a cinco años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Un plan más estricto para regularizar la residencia

La reforma incluirá un esquema más restrictivo para el otorgamiento de ciudadanías y residencias permanentes. Esto afectará a extranjeros que busquen estudiar o establecerse de forma definitiva en Argentina.

Además, el Gobierno apunta a limitar la posibilidad de obtener la residencia a través del nacimiento de hijos en el país. Esta medida está vinculada con el programa Patria Grande, que permitió la regularización de más de 500 mil personas durante la gestión de Néstor Kirchner.

El Ejecutivo evalúa enviar un proyecto de ley al Congreso o implementar las modificaciones mediante un decreto reglamentario, ya que algunas medidas no requieren cambios legislativos.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es garantizar un control migratorio más eficiente y evitar que las demoras judiciales obstaculicen las expulsiones de inmigrantes ilegales.