El Gobierno avanza con la reforma laboral tras el fin de las facultades delegadas

Con la mira puesta en el trabajo formal, el oficialismo planea cambios profundos y recortes estructurales.

Con las facultades delegadas venciendo este martes, el Gobierno de Javier Milei ya pone primera en una de las reformas más esperadas: la laboral. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, aseguran que el objetivo es modernizar el sistema y fomentar el empleo formal.

La reforma previsional, por ahora, queda en pausa. La prioridad está puesta en regularizar la situación de quienes hoy trabajan en la informalidad. Entre las modificaciones más importantes que impulsará el Ejecutivo se encuentra la flexibilización de las negociaciones colectivas, que podrían pasar a ser tanto nacionales como sectoriales.

Un Estado más chico: siguen los recortes y la revisión normativa

Más allá de los cambios laborales, el oficialismo continuará con su plan de limpieza normativa. El Gobierno ya analiza cuáles de los 700.000 decretos históricos siguen vigentes sin necesidad, con la idea de anular los que ya no aportan.

Además, sigue en marcha el achique del Estado. Con el despido de 50.000 empleados públicos, se ahorraron 2 mil millones de dólares al año, dijeron cerca del presidente. El foco está puesto en eliminar tareas duplicadas y reducir estructuras innecesarias, organismo por organismo.

Los últimos decretos bajo facultades delegadas

Antes del vencimiento de las facultades especiales, Milei firmó una batería de decretos que serán publicados este miércoles. Entre ellos se destaca la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la CNRT.

También habrá cambios en el sector salud: se eliminarán las delegaciones sanitarias federales y se limitará la creación de nuevos hospitales bajo el modelo SAMIC. El Instituto Nacional del Cáncer pasará a depender directamente del Ministerio de Salud como una unidad interna.

En paralelo, se eliminará la Agencia Regulatoria del Cannabis y se reestructurarán dos organismos clave: el INTI se transformará en una unidad organizativa y el INTA pasará a ser un ente desconcentrado, con el objetivo de reenfocar sus investigaciones hacia lo que, según el Gobierno, realmente necesita el campo.

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