Luego de la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia legislativa para avanzar con la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil. La principal idea es consensuar el proyecto con sectores de la oposición que presentaron iniciativas similares, con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para su sanción.

Desde el oficialismo reconocen que existen varios proyectos en debate y que la intención es sintetizarlos en una propuesta común, tomando como base el texto que ya obtuvo dictamen en comisiones durante 2025.

Dudas sobre los plazos y el tratamiento en extraordinarias

Aunque la iniciativa fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias, en el Gobierno persisten las dudas sobre los tiempos parlamentarios. Algunas voces anticipan que el debate podría postergarse para el período ordinario que comenzará el 1° de marzo, mientras que otros sectores impulsan avanzar durante el verano.

"Es un tema clave, pero hay que ver por dónde se pueden generar los consensos", admitió una fuente oficial, al señalar que el calendario legislativo es ajustado y que habrá pocas sesiones disponibles en febrero.

La edad de imputabilidad, el punto central del debate

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la edad de imputabilidad. Si bien la postura inicial del Ejecutivo era fijarla en los 13 años, el consenso alcanzado en comisiones durante 2025 estableció el límite en 14 años, una alternativa que el Gobierno estaría dispuesto a discutir con sus aliados.

El proyecto busca reemplazar la actual Ley de Minoridad, vigente desde 1980, y crear un régimen de responsabilidad penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, en línea con estándares regionales.

Diputados como punto de partida y posible definición en marzo

Dentro del oficialismo analizan que el debate comience en la Cámara de Diputados, con la posibilidad de continuar su tratamiento durante el período ordinario si no se logra cerrar en extraordinarias. La agenda legislativa de febrero estará atravesada, además, por la reforma laboral y otros proyectos prioritarios.

El tema volvió a cobrar fuerza en la agenda pública tras el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, un caso que reactivó el debate sobre el régimen penal juvenil y empujó al Gobierno a retomar la iniciativa.