Tras dos años de apelaciones, el Gobierno argentino enfrentará una audiencia clave en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí, los abogados del país buscarán convencer a los magistrados de anular o reducir la sentencia que la jueza Loretta Preska dictó en 2023, que obliga a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones -una cifra que, con intereses, se acerca al monto del swap firmado con Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump.

La presentación también apunta a evitar que se ejecuten las órdenes de Preska que habilitan la entrega de acciones de YPF como parte del pago a los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital.

Quiénes decidirán el futuro de la apelación

El tribunal estará conformado por tres jueces de trayectoria y con vínculos previos con causas argentinas: José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, designados durante las administraciones de Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, respectivamente.

Cabranes, de 84 años y con experiencia en casos vinculados al default argentino de 2001, fue una figura central en los fallos sobre los fondos buitre. Chin, nacido en Hong Kong, integró el panel que trató una primera apelación por la expropiación de YPF. Robinson, la más reciente incorporación al tribunal, asumió su cargo en 2021.

Qué puede pasar después de la audiencia

La audiencia se llevará a cabo en el edificio judicial de Manhattan desde el mediodía del miércoles. Los jueces escucharán los argumentos de ambas partes, aunque no hay plazos fijos para el fallo. Especialistas estiman que la decisión podría conocerse recién en los primeros meses de 2026.

Si la sentencia resulta adversa, el Gobierno ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Del otro lado, Burford Capital se mostró abierto a negociar y advirtió que los litigios de este tipo suelen resolverse por montos menores al de las condenas iniciales.

Según las proyecciones del fondo, el proceso podría extenderse hasta 2027. Mientras tanto, el futuro financiero y político de YPF continúa atado a un veredicto que podría marcar un antes y un después en la historia judicial argentina.