Tras el fallo que suspendió parcialmente el DNU 340/25, el Gobierno de Javier Milei confirmó que apelará la decisión judicial que anuló dos artículos del decreto que buscaban restringir el derecho a huelga. La medida fue impulsada por la CGT y aceptada por la jueza Moira Fullana, quien consideró que el Ejecutivo se excedió en sus atribuciones.

Pese al revés judicial, desde Casa Rosada minimizaron el impacto: "Esto no cambia nada en la práctica, sigue vigente la cautelar sobre el DNU 70/23", afirmaron fuentes oficiales, en alusión al decreto madre firmado apenas asumió Milei, donde también se introducían cambios en materia laboral.

La estrategia del Gobierno: insistir por vía judicial y política

Según trascendió, el Gobierno insistirá con la validez de los artículos cuestionados, aunque admite que el camino judicial es complicado. Expertos en derecho laboral señalan que la única vía viable para avanzar con las reformas es enviar un proyecto de ley al Congreso, algo que exigiría acuerdos políticos que hoy parecen lejanos.

Un funcionario nacional reconoció que ya esperaban una decisión judicial adversa: "Era previsible. Pero vamos a seguir insistiendo". Por su parte, un abogado laboralista señaló que el decreto parecía buscar pasar "desapercibido" al haber sido incluido dentro de una norma que, en principio, regulaba temas marítimos.

Los fundamentos del fallo: sin urgencia, no hay DNU válido

La jueza Fullana, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, sostuvo que no existían circunstancias excepcionales que habilitaran al Ejecutivo a legislar por decreto. Además, remarcó que el DNU violaba principios constitucionales como la división de poderes y el derecho a la libertad sindical.

"El Poder Ejecutivo solo puede emitir un DNU cuando los trámites ordinarios del Congreso se tornan imposibles, lo cual no era el caso", argumentó la magistrada. Así, accedió al amparo presentado por la CGT y dejó sin efecto los artículos que modificaban la Ley de Contrato de Trabajo.