El Ejecutivo nacional estudia elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles, una medida impulsada tras el reclamo de varios mandatarios provinciales. No se descarta avanzar con esta propuesta mediante un proyecto de ley.

Además, se analiza reactivar el envío de fondos a las provincias a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), interrumpidos en los últimos meses. "Todo lo que esté a nuestro alcance y no altere el equilibrio fiscal, lo vamos a hacer", señalaron desde Casa Rosada.

La propuesta fue tratada este viernes en una reunión que encabezó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a cinco representantes provinciales: Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El encargado de evaluar el impacto fiscal y técnico es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Obras públicas, coparticipación y tensiones políticas

Durante la reunión también se planteó que las provincias asuman la responsabilidad de ejecutar proyectos de obra pública actualmente bajo órbita nacional, como la construcción y mantenimiento de rutas. Esta descentralización sería parte del paquete de negociación fiscal.

Por otro lado, aunque de manera superficial, se mencionó el reciente fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Desde el entorno presidencial admiten que esa decisión generó "inestabilidad" en las alianzas políticas que sostienen la actual gestión.

La Casa Rosada busca además acordar con las provincias la definición de los 150 cargos judiciales vacantes. A pesar de haberlo anunciado en noviembre, aún no envió los pliegos al Senado.

Qué dice la ley actual y cuáles son los planes futuros

Según la Ley 23.966, el impuesto a los combustibles se reparte entre varios destinos: 10% para el Tesoro Nacional, 15,07% al FONAVI, 10,40% para las provincias, 28,69% al sistema previsional, 4,31% al fideicomiso hídrico, 28,58% al fideicomiso de transporte y 2,55% al fondo de compensación del transporte público.

Sin embargo, varias de estas estructuras ya fueron eliminadas, lo que abre la posibilidad de redefinir la distribución.

Desde el Ejecutivo también advirtieron que, si el Senado aprueba el aumento de las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional, ambas medidas serán vetadas por el presidente.

Por ahora, el Gobierno se comprometió a mantener una mesa de diálogo con los gobernadores y a responder formalmente tras la próxima reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, trabaja en una reforma impositiva que planea llevar al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre.