El Gobierno analiza incluir a argentinos con rentas del exterior en el régimen simplificado de Ganancias

La normativa actual excluye a quienes perciben ingresos del extranjero, pero evalúan una modificación para incluirlos y facilitar su adhesión desde junio.

El Gobierno estudia una modificación al decreto que creó el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, vigente desde la semana pasada, para incluir a los argentinos que perciben rentas del exterior. Actualmente, el decreto excluye a quienes obtienen ingresos fuera del país, aunque desde ARCA trabajan en una rectificación para que estos contribuyentes puedan adherir al nuevo esquema que simplifica la declaración jurada y reduce la carga de información requerida.

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que para el fisco no se considera renta extranjera la facturación desde Argentina hacia clientes en el exterior, pero sí lo son los ingresos por inversiones o dividendos provenientes de otros países, así como algunas operaciones con criptomonedas, que dejarían fuera a varios contribuyentes del régimen simplificado.

Cambios en la reglamentación y posible impacto económico

La rectificación incluiría un mecanismo manual para que los contribuyentes puedan declarar esas rentas de fuente extranjera dentro del sistema simplificado. La modificación se espera para los próximos días, con vigencia a partir del 1° de junio, coincidiendo con el inicio de la adhesión y para la declaración de Ganancias del ejercicio 2025.

Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) trabaja en actualizar sus regulaciones, principalmente en cuanto al umbral para reportar operaciones sospechosas, similar a lo realizado por ARCA en materia de información tributaria.

Consultoras financieras advierten que, si bien el régimen podría estimular el consumo y la bancarización de dólares que permanecían fuera del circuito formal, también presenta riesgos al reducir los cruces de información tributaria, lo que podría favorecer la evasión fiscal y reducir la recaudación.

Por ahora, el Gobierno mantiene su intención de incentivar la formalización de activos y operaciones, aunque las expectativas de impacto macroeconómico inmediato son moderadas.

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