El Gobierno de Javier Milei evalúa la creación de una comisión especial para investigar la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia de COVID-19. El objetivo es auditar las medidas implementadas por el expresidente, incluyendo la cuarentena, los contratos de vacunas y las decisiones tomadas por el comité de expertos.

Fuentes oficiales confirmaron que esta opción está siendo analizada con seriedad. "Es una opción fuerte, que se está evaluando", indicaron desde la Casa Rosada. La comisión tendría la tarea de revisar toda la documentación relacionada con la pandemia y presentar un informe ante la Justicia.

Acusaciones de delitos de lesa humanidad

Desde el Gobierno acusan a la gestión de Fernández de haber extendido la cuarentena por "beneficio político" y de cometer posibles delitos de lesa humanidad durante el aislamiento preventivo. También se investigará el rol del exministro de Salud Ginés González García, procesado por el escándalo del "vacunatorio VIP", y del actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

El entorno de Milei asegura que el Presidente está decidido a profundizar en la investigación. "Está decidido a que se inspeccione en profundidad toda la documentación", afirmaron. Además, el Gobierno denunció a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la Corte Penal Internacional, acusándola de promover cuarentenas sin sustento científico.

Impacto económico y social de la cuarentena

La Casa Rosada sostiene que las medidas de aislamiento implementadas durante la pandemia tuvieron un impacto devastador en la economía y la sociedad. Según el Gobierno, la cuarentena "dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y costó 130.000 vidas".

Milei calificó a González García como "cómplice y responsable de la cuarentena más larga del mundo" y aseguró que "su incompetencia le costó la vida a más de 100.000 argentinos". La posible comisión ad hoc tendría la facultad de solicitar colaboración de todos los sectores de la Administración Nacional y del Congreso para llevar adelante la investigación.