El gobierno analiza alternativas para no promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad

La Casa Rosada estudia distintos caminos para evitar la aplicación del aumento de pensiones, mientras define si judicializa o no la medid

El Ejecutivo nacional evalúa no judicializar el aumento a las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la caída del veto en el Senado, pese a lo anunciado por Javier Milei. Desde la Casa Rosada aseguraron que no aplicarán los incrementos que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad y que están analizando el mecanismo que más dilate la implementación de la norma.

Opciones sobre la mesa


Entre las alternativas que estudia el Gobierno se encuentra la posibilidad de no presentar una denuncia judicial de inmediato, para luego responder a eventuales demandas de la oposición. Otra estrategia planteada por la mesa jurídica es recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en la que se sancionó la ley, argumentando que la autoconvocatoria del Senado sería ilegal y, por ende, lo aprobado carecería de validez.

También se consideró acudir al fuero Contencioso Administrativo, alegando que la ley no contempla más del 15% de los fondos requeridos para su ejecución y que podría tener un impacto fiscal significativo. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el equipo de Procuración del Tesoro, coordinado por Santiago Castro Videla, lideran el análisis de estas alternativas.

Sin aumento hasta resolución judicial


Desde el Ejecutivo destacaron que, a pesar de los anuncios realizados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, no habrá incremento en las prestaciones hasta que se resuelva la vía judicial. Según explicaron, el financiamiento previsto contemplaba recortes sobre pensiones por invalidez "mal otorgadas", que aún están en proceso de auditoría; hasta ahora, de un millón de pensiones, solo se notificó a 280.000 beneficiarios.

Paralelamente, Nación también trabaja sobre el veto a la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores opositores y aliados. Según fuentes oficiales, el jefe de Estado aguardará diez días hábiles antes de firmar el veto, que se oficializaría en el Boletín Oficial en la semana del 19 de septiembre.

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