El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, lanzó este martes una advertencia contundente: los hinchas que participen en la marcha de jubilados este miércoles y generen "disturbios" o actos de "violencia" podrán ser vetados de los estadios de fútbol en todo el país. La medida, conocida como Restricción de Concurrencia Administrativa, busca disuadir a quienes puedan alterar el orden público durante la movilización.

En un comunicado oficial, el Gobierno reafirmó su "compromiso con la seguridad ciudadana, el respeto por la ley y el orden público", y amenazó con aplicar el artículo 194 del Código Penal, que prevé penas de prisión de tres meses a dos años para quienes obstaculicen servicios públicos o transportes.

¿Por qué el foco en los hinchas?

La marcha de este miércoles, que reunirá a jubilados y pensionados en reclamo por el ajuste económico, contará con la participación de hinchas de distintos clubes de fútbol. Sin embargo, desde el Gobierno se refieren a ellos como "barras bravas", una denominación que los autoconvocados rechazan.

El antecedente de la movilización de la semana pasada, donde simpatizantes de Chacarita acompañaron a los jubilados, generó preocupación en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich lo dejó claro en su cuenta de Twitter: "Mañana, en la marcha de las barras bravas, como en todas las demás: ley y orden".

¿Qué esperar este miércoles?

La advertencia del Gobierno no ha pasado desapercibida. Mientras algunos sectores consideran que la medida busca garantizar la seguridad, otros la ven como un intento de amedrentar a quienes participan en las protestas. Los hinchas autoconvocados, por su parte, aseguran que su presencia es pacífica y en apoyo a los jubilados.

"Nosotros no somos barras bravas, somos hinchas que acompañamos a los jubilados en su lucha", afirmó un simpatizante de uno de los clubes que planean sumarse a la marcha.

Este miércoles se verá si las amenazas del Gobierno logran disuadir a los hinchas o si, por el contrario, la movilización se convierte en un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y los sectores que protestan contra las políticas económicas de Javier Milei.