El proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo sumó un frente inesperado de conflicto: la modificación de las licencias pagas por enfermedad. En el bloque de La Libertad Avanza admiten que el punto pasó inadvertido hasta después de la media sanción en el Senado, pero que un ejemplo dado por Federico Sturzenegger terminó por encender la polémica.

Según reconocen puertas adentro, esa explicación pública -sobre un trabajador lesionado jugando al fútbol que cobraría solo el 50% del sueldo- fue determinante para que el tema explotara en medios y redes. "Se mandó una de más", admitió una fuente oficialista, que aclaró que el problema no fue el contenido, sino el momento político.

El punto que tensó la agenda

La reforma reduce plazos y porcentajes de las licencias por enfermedades o accidentes no laborales. En el Gobierno aseguran que el objetivo es evitar abusos y licencias "eternas", pero el debate se instaló cuando todavía faltan votos para la aprobación definitiva en Diputados.

El oficialismo tiene margen acotado: si se modifica un solo artículo, el proyecto vuelve al Senado y se retrasa todo el paquete. Por eso, Javier Milei extendió las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, con la intención de cerrar la reforma antes de la apertura del período ordinario.

La oposición empieza a marcar límites

Tras la media sanción, algunos aliados comenzaron a tomar distancia. El PRO pidió revisar artículos del texto y otros bloques anticiparon su rechazo al esquema de licencias. En Provincias Unidas fueron contundentes: no acompañarán ese apartado y solo avalan 9 de los 26 títulos del proyecto.

Las críticas apuntan a los casos de enfermedades graves y al riesgo de mayor judicialización. El abogado laboralista Julián de Diego advirtió que los cambios podrían generar más conflictos legales, en contradicción con uno de los objetivos centrales de la reforma.

Qué cambia con las licencias por enfermedad

La iniciativa fija licencias pagas de entre 3 y 6 meses, según si el trabajador tiene o no cargas de familia, y elimina el pago del 100% del salario. Si la incapacidad deriva de una actividad voluntaria y riesgosa, el sueldo será del 50%; si no hubo conciencia del riesgo, del 75%.

Además, se endurecen los requisitos: aviso inmediato de la inasistencia, certificados médicos digitales, controles designados por el empleador y juntas médicas en caso de discrepancias. Para el oficialismo, es una modernización necesaria; para parte de la oposición, un retroceso que amenaza con trabar las negociaciones.