El fiscal federal Abel Córdoba solicitó este martes que el empresario Lázaro Báez regrese a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal para cumplir la pena de 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la "Ruta del dinero K". El pedido también incluye al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín, quienes fueron condenados en la misma causa y también ya estuvieron detenidos.

El pedido se presentó tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4. Según el cómputo del juez Néstor Costabel, Báez cumplió hasta ahora tres años, seis meses y ocho días de prisión efectiva, por lo que le restarían seis años, seis meses y 22 días.

La defensa de Báez pidió revisar el cómputo de la pena

El abogado de Báez, Juan Villanueva, se opuso al planteo del fiscal. Argumentó que su defendido continuó en prisión domiciliaria por otra causa conexa, relacionada con la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay, por la cual también fue condenado, aunque la sentencia aún no está firme. En ese sentido, solicitó que se compute todo el período desde el 5 de abril de 2016 hasta la actualidad, ya que continúa bajo detención, ahora en su casa de El Calafate.

Villanueva pidió un nuevo cómputo de pena que contemple esta situación y anticipó que, si el Tribunal no lo acepta, apelará la decisión.

En tanto, la situación de Chueco y Pérez Gadín es similar: ambos ya pasaron por prisión preventiva y prisión domiciliaria, pero aún deben cumplir parte de sus condenas. El juez Costabel deberá resolver los planteos de todas las partes.

Otros condenados ya fueron detenidos

Seis condenados que no habían estado presos se presentaron voluntariamente en Comodoro Py y quedaron detenidos: Fabián Rossi (exmarido de Iliana Calabró y vinculado a SGI), César Fernández, Juan Alberto De Rasis, Carlos Molinari y Eduardo Castro. Están alojados en dependencias de la Policía Federal a la espera de que se resuelvan sus pedidos de prisión domiciliaria.

Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, también debía ser detenido, pero permanece internado desde el viernes. El juez ordenó una consigna policial permanente hasta que reciba el alta médica.