Uno de los pilares del proyecto es endurecer las condiciones para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública. La intención oficial es que la expropiación sea un recurso excepcionalísimo.

• Indemnización previa: se buscará reforzar el principio de pago antes de la toma de posesión.

• Restricción de conceptos: acotar qué se considera "interés público" para evitar que el Estado avance sobre bienes privados por motivos políticos o sociales.

Tierras Rurales: Apertura total al capital extranjero

El Gobierno retomará por vía legislativa la derogación de la Ley de Tierras, un punto que ya figuraba en el DNU 70/2023.

• Objetivo: eliminar los límites vigentes que restringen el porcentaje de territorio nacional en manos de extranjeros.

• Sectores clave: la medida busca facilitar que empresas internacionales adquieran grandes extensiones de suelo sin cupos provinciales o nacionales en agroindustria, minería (litio y cobre) y energía.

Polémica por la Ley de Manejo del Fuego

El punto más controversial del paquete es la flexibilización de las restricciones de uso del suelo tras un incendio.

• Situación actual: la ley prohíbe cambiar el uso del suelo (para agricultura o desarrollo inmobiliario) por 30 o 60 años en zonas quemadas.

• Propuesta oficial: eliminar estos plazos con el argumento de que son "trabas productivas". El Gobierno sostiene que estas restricciones castigan al propietario incluso si el fuego fue accidental, impidiéndole reinvertir en sus tierras.

Revisión de la Urbanización de Barrios Populares (RENABAP)

El paquete también alcanza al régimen de integración socio-urbana. El Ejecutivo busca:

• Limitar desalojos: revisar la suspensión automática de desalojos en asentamientos registrados.

• Acuerdos voluntarios: priorizar la negociación con los dueños de las tierras por sobre la expropiación directa para urbanizar.

• Participación privada: abrir el juego a empresas para que se encarguen de la regularización dominial y servicios en barrios populares.