El Gobierno Nacional anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. La medida, confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca garantizar una administración más transparente de las políticas de discapacidad, con auditorías permanentes y criterios sanitarios claros.

Adorni también adelantó la eliminación de 16 cargos políticos y aseguró que no habrá recorte de pensiones. Según el funcionario, los cambios permitirán un manejo más eficiente y la trazabilidad de todos los expedientes.

Funciones históricas de la ANDIS y su evolución

Creada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, la ANDIS funcionaba como organismo descentralizado, con autonomía financiera y administrativa. Entre sus responsabilidades estaba la gestión de pensiones por invalidez, la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la coordinación de políticas públicas para personas con discapacidad.

Durante la presidencia de Javier Milei, la agencia pasó primero a la Jefatura de Gabinete y luego al Ministerio de Salud, manteniendo hasta ahora su autarquía. Con la disolución, la autonomía financiera desaparece y todas las funciones se centralizarán en la cartera sanitaria.

Caída del presupuesto y reducción de pensiones

En los últimos años, los fondos de la ANDIS cayeron significativamente. En 2025 ejecutó un presupuesto de $4,9 millones, un 6,2% menos que en 2024 y 18,2% menos que en 2023. Para 2026 se estimó un presupuesto de $5,2 billones, lo que representa un 10,7% menos en términos reales respecto de 2025 y 27% menos que en 2023.

La caída más pronunciada se dio en los programas de integración y capacitación para personas con discapacidad, con una reducción del 23,6% respecto a 2023. Además, el Presupuesto 2026 incluye 155 mil pensiones menos, con una caída de 18,7% real respecto a 2025 y 33,1% respecto a 2023.

En agosto de 2025 salieron a la luz audios que señalaban un presunto sistema de coimas del 8% en la compra de medicamentos. La causa, bajo investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, tiene como principales imputados a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, y otros funcionarios y proveedores del sector farmacéutico.

Según el fiscal, la agencia funcionaba como una ventanilla de pagos irregulares, beneficiando a laboratorios y droguerías vinculadas con funcionarios de la ANDIS. La intervención del organismo sigue vigente bajo Alejandro Vilches.

En 2025, se revisaron las pensiones por discapacidad y se suspendieron más de 100 mil beneficios, aunque el Juzgado Federal Nº2 de Catamarca ordenó su restitución. A pesar de esto, los fondos destinados a pensiones han caído notablemente, reflejando la tensión entre recursos disponibles y demanda de prestaciones en el sector de discapacidad.

Fuente: Chequeado