El PRO busca avanzar con una comisión investigadora por el fentanilo contaminado

En la última sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora del PRO Silvana Giudici propuso la creación de una comisión especial para investigar las muertes causadas por fentanilo contaminado, producido por los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A. El objetivo es esclarecer las responsabilidades en la cadena de producción, distribución y uso dentro del sistema de salud.

Sin embargo, el debate no pudo avanzar por falta de quorum, tras la postergación solicitada por la bancada de Unión por la Patria, que pidió más tiempo para recabar información. La votación para apartar el reglamento y tratar el proyecto sobre tablas no alcanzó la mayoría especial requerida y fue rechazada por 107 votos a favor, 105 en contra y 3 abstenciones.

La gravedad del caso y la insistencia de Giudici

La diputada Giudici remarcó la urgencia del tema: "Ya son 76 las muertes confirmadas por el uso de fentanilo contaminado y más de 90 personas afectadas". Recordó, además, la trágica muerte de un bebé de tres meses en Córdoba, víctima del mismo opiáceo adulterado.

Giudici advirtió que esta es la tercera vez que plantea el tema y que la causa judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, aún no tiene imputados. Por eso insiste en no bajar los brazos y avanzar con la comisión para esclarecer responsabilidades.

Qué implica la creación de la Comisión Investigadora

La comisión propuesta tendrá facultades para solicitar informes y documentación a organismos públicos y privados, investigar vínculos de funcionarios y empresas, y elaborar un informe con recomendaciones para mejorar la seguridad en medicamentos y la respuesta del Estado ante crisis sanitarias.

El proyecto será ahora tratado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Peticiones, Poderes y Reglamento. La comisión, si se conforma, estará integrada por miembros designados por cada bloque parlamentario según su tamaño y tendrá un plazo máximo de 90 días para funcionar.

Además, la diputada alertó sobre posibles vínculos oscuros entre los laboratorios implicados y figuras políticas, como contratos con la Policía Federal o domicilios compartidos con sociedades vinculadas a diputados y funcionarios provinciales.